MEXICALI.- La diputada Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa por cual se propone al H. Congreso de la Unión, reformar el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de garantizar que las personas puedan expresar sus ideas y opiniones libremente, cuando se refieran a la actuación de servidores y exservidores públicos en ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.

Señala que en México es un derecho establecido en la Carta Magna, sin embargo, la sola existencia normativa no ha sido suficiente para asegurar su pleno ejercicio. “En distintos momentos de la historia mexicana, han existido prácticas de represión, censura e incluso violencia contra quienes ejercen su derecho a expresarse libremente y actualmente se han documentado al menos siete casos de comunicadores y medios en México que han sido afectados por medidas locales de censura”.

La legisladora mencionó que ahora, toda persona servidora o ex servidora pública, en aras de que no se le señale o reclame públicamente el incumplimiento y abandono de sus deberes u obligaciones inherentes a la función pública que se les encomienda, hacen uso de figuras tipificadas como delitos (difamación, injurias, calumnias, violencia política de género, y otras similares), para acallar las voces de los ciudadanos que se expresan públicamente.

Subrayó que lo más grave, es que las autoridades juzgadoras reciben las denuncias de los servidores públicos que se sienten afectados por una manifestación, opinión o ideas de la ciudadanía, contrarias a la forma de actuar de dicho servidor público, a quienes se les sanciona indebidamente bajo tipos penales que se configuran por hechos distintos a los que se establecen el artículo 7 de la Constitución Federal.

Por lo que, la iniciativa presentada por la diputada Alejandrina Corral, pretende establecer la prohibición de que los ciudadanos sean sancionados penalmente por la simple expresión de su opinión y de igual manera busca que no se pueda censurar la libertad de expresión mediante el uso indebido de mecanismos legales, tanto del servidor público como de las personas juzgadoras.

En ese sentido presentó un posicionamiento en la máxima tribuna, para hacer un llamado a respaldar esta iniciativa, no sólo como una reforma legal, sino como una afirmación de los valores que nos definen: transparencia, rendición de cuentas y respeto irrestricto a los derechos humanos.