En la Comisión de Fiscalización no se aprobó por unanimidad la cuenta pública 2023 del XXIV Ayuntamiento que encabezó Montserrat Caballero Ramírez debido a observaciones por más 1 mil 48 MDP
MEXICALI.- Durante la Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra Ang Hernández, se acordó rechazar la cuenta pública 2023 del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, que encabezara Montserrat Caballero Ramírez, por observaciones que involucran alrededor de mil 48 millones de pesos.
La cuenta no fue aprobada por diversas observaciones entre las que se destaca la falta de retención de ISR; falta de entrega de recursos del Programa “Pases de cruce ágil a Usuarios de Servicios Médicos y Turismo de Negocios para visitantes procedentes de y con destino a Estados Unidos”.
Se trata de las siguientes observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) sobre la cuenta pública del XXIV Ayuntamiento de Tijuana:
Daño por $210,000,000 ( doscientos diez millones de pesos) en Adjudicación Directa a favor de siete proveedores debiendo adjudicarse a través del procedimiento de Licitación Pública.
Por la opacidad de $13'485,000 del administrador de presidencia que recibió cheques a su nombre, gastándolo sin llevar a cabo el procedimiento de adquisición y contrato correspondiente.
Se adquirió un programa informático contable (REGER) y licencias por $103 millones 344 mil 508 pesos adjudicados de manera directa debiendo ser por el procedimiento de licitación pública.
No se entero a ISSSTECALI de cuotas y aportaciones retenidas al personal de base por $32 millones 244 mil 710 pesos.
Diferencia de ingresos no facturados por $34 millones 747 mi 732 pesos.
Partidas en conciliación por $35 millones 958 mil 647 pesos en conciliaciones bancarias, sin aclaraciones quedando en duda el destino de dichos recursos.
Opacidad por $627 millones 199 mil 828 pesos en cuentas por pagar a corto plazo sin revelar su integración.
Igualmente se detectó adjudicación directa de proveedores; duplicidad de servicio contratado por 10 millones para implementación de software; incumplimiento de proveedores; otorgamiento de 22 subsidios a través del Fideicomiso Fondos Tijuana de manera incorrecta; entre otros.
En la Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público se llevó a cabo el análisis, discusión y en su caso la aprobación de los proyectos individuales de las cuentas públicas de diversos entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Dando inicio a la reunión, se otorgó el uso de la voz al Auditor Superior del Estado de Baja California, Arnulfo Zárate Chávez, para dar lectura a los informes correspondientes al Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali; Instituto Municipal de la Mujer de Playas de Rosarito (IMMUJER ROSARITO); Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California; Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario; Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito (PRODEUR); Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Tijuana (IMPAC); Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS); Centro Metropolitano de Convenciones de Tijuana-Playas de Rosarito-Tecate (CEMCO); Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE) y el Ayuntamiento de Tijuana.
Por otra parte, no se aprobó por unanimidad la cuenta pública del PRODEUR, la diputada Alejandra Ang expuso que, “por observaciones respecto al tema de presunción de daño patrimonial, cuenta con dos pliegos por presentar pagos en exceso por conceptos duplicados y por diferencias encontradas en levantamiento físico de dos obras por más de 2 millones de pesos, así como diversas observaciones recurrentes que evidencian el incumplimiento a la normatividad”.
Participaron en esta Sesión, además de la presidenta, las diputadas Liliana Michel Sánchez Allende, Dunnia Montserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz, Norma Angélica Peñaloza Escobedo, María Yolanda Gaona Medina, Teresita Ruiz Mendoza y el diputado Fidel Mogollón Pérez, además del Auditor Superior del Estado y las personas titulares de las entidades fiscalizadas.