Con la idea de fomentar una vida libre de violencia, diversas organizaciones y gobiernos han desarrollado iniciativas que sancionan el acoso callejero, esto ha generado discusiones entre la población que, desde el punto de vista de especialistas de género en CETYS Universidad, se originan por la normalización de este tipo de violencia.

La Docente en el Campus Tijuana, la Mtra. Mariana González, refirió que el piropo es una forma de acoso callejero por la problemática social que causa, aunque de forma individual algunos lo califican positivo o halagador. Este tipo de violencia obstaculiza la libertad de movilidad de las mujeres, ya que por el miedo a sufrir violencia sexual, muchas de ellas restringen sus salidas o van con miedo en sus trayectos cotidianos.

“El hecho de que algunos hombres se sientan con el derecho de emitir comentarios sobre el cuerpo de las mujeres tiene que ver con estereotipos y formas de pensar donde las mujeres son vistas como un objeto al servicio de los varones. No es relevante la distinción entre piropo y acoso como uno positivo y otro negativo, es una problemática estructural que afecta a las mujeres en su conjunto”, mencionó.

Formalmente no existen cifras del acoso callejero como tal, lo más cercano son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien abrió, de enero a mayo de 2019, alrededor de 1604 carpetas de acoso sexual y 609 por hostigamiento.

“Cuando la gente desconoce la magnitud del problema es común que desestimen estas medidas y que intenten ridiculizarlas. Estas violencias están normalizadas, estamos acostumbrados a pensar que es normal, que los hombres así son y que las mujeres se deben aguantar. Justo estas acciones parten de esta concientización y de decir ‘no es normal’ y ‘no tiene que ser así’, no tenemos que acostumbrarnos. Un aspecto positivo es que a partir de estas medidas se coloca el tema en la opinión pública y se va generando reflexión al respecto”, reflexionó.

Aseveró que la problemática es global y por ello la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha creado programas de espacios seguros para generar medidas que ataquen esta problemática. A nivel nacional, varias regiones han discutido o determinado acciones. En Ciudad de México se penaliza con arresto de 26 a 36 horas, recientemente Tijuana aprobó multar con 3 mil pesos y otras ciudades como Guadalajara aplican arresto por 36 horas o multa de hasta 5 mil pesos.

“Se debe analizar el tema desde una mirada social, no individual, pues esta problemática tiene efectos, directos e indirectos, sobre todas las mujeres. Debido al contexto sociocultural la experiencia de mujeres y hombres en los espacios públicos no es igual, pues en el caso de las mujeres siempre acompaña el temor a la violencia sexual. Es por eso que se requieren medidas específicas al respecto, pues los espacios no son neutros y están atravesados por relaciones de poder”, señaló la especialista de CETYS.