BAJA CALIFORNIA.- La justicia ambiental enfrenta retos que van más allá de la aplicación de la ley, pues, aunque los peritajes científicos son una herramienta clave para documentar daños y responsabilidades, no garantizan por sí solos que se logre un resultado justo.

Así lo explicó el ingeniero bioquímico José Carmelo Zavala, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C. (CIGAMX), al señalar que los procesos judiciales en materia ambiental se encuentran sujetos a los mismos límites y virtudes del debido proceso legal.

“Los peritajes deben ser cuidadosamente técnicos y científicos para que puedan ser bien presentados. Pero es una herramienta; el peritaje ambiental no determina el acto de justicia. Es un elemento que ayuda a acercarse, pero, sin duda, el debido proceso solamente es la demostración oportuna de la verdad jurídica, que en ocasiones no es lo mismo que la verdad real”, apuntó Zavala.

El especialista destacó que la justicia ambiental se vuelve aún más compleja debido a que no se limita a cuestiones ecológicas, sino que, en muchos casos, se entrelaza con problemáticas sociales de fondo, como la pobreza, la inequidad y la falta de participación democrática. Estos factores, advirtió, dificultan que las comunidades más vulnerables accedan a procesos legales eficaces para la defensa de su territorio y sus recursos naturales.

El ingeniero bioquímico expuso lo anterior durante la sesión 125 del Seminario Permanente para el Desarrollo Sustentable, donde el tema central fue el peritaje ambiental: la herramienta que une ciencia y derecho para abrir paso a la justicia. La exposición estuvo a cargo del Dr. Raúl Enrique Arriaga Becerra, segundo vicepresidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA).

La asesora técnica del CIGAMX, I.Q. Jessica Castañeda explicó que el peritaje ambiental es un dictamen técnico-jurídico: mezcla biología, química, ingeniería y derecho para evaluar daños y riesgos. El reto, aseguró, es no perder claridad en medio de tanta especialización.

El Dr. Arriaga reforzó el punto con una frase que arrancó la atención del público: “Todo perito es un experto; no todo experto es perito”. Solo quien está acreditado y certificado puede darles a los tribunales la confianza necesaria para resolver un caso ambiental.

Por su parte, el subdirector del CIGAMX, Mtro. Luis Gerardo Domínguez, llamó la atención sobre el panorama nacional: “México aún carece de suficientes instancias especializadas y de peritos con formación integral, lo que se traduce en obstáculos para garantizar un acceso efectivo a la justicia ambiental”, advirtió.

Agregó que, en la práctica, los peritos no sólo investigan y explican daños ecológicos, sino que también asesoran a jueces, participan en audiencias orales y ayudan a sentar precedentes legales con consecuencias económicas y sociales.

El experto explicó que un dictamen ambiental robusto se construye con protocolos reconocidos, muestreos representativos, software especializado y, sobre todo, conclusiones sustentadas en evidencia verificable.

El dictamen —enfatizó— debe anclarse en el marco regulatorio: desde la Constitución y acuerdos internacionales hasta leyes locales y normas oficiales. “Solo así el peritaje se convierte en una verdadera herramienta de justicia”, afirmó.

José Carmelo Zavala, egresado del Programa LEAD por El Colegio de México, subrayó que la cédula profesional no solo es un requisito legal, sino también una herramienta clave para dignificar el ejercicio de las profesiones en México. Destacó la importancia de que todas las especialidades cumplan con los estándares federales o estatales correspondientes para ejercer de manera legal y ética.

“Es un Estado de derecho que hay que respetar para dignificar las profesiones. Todas las profesiones —ingenieros bioquímicos, biólogos, médicos, arquitectos— deben tener y utilizar la cédula profesional como una herramienta. Deberíamos darle más valor socialmente y en los colegios, desde luego en los colegios profesionales”, explicó Zavala.

El especialista resaltó finalmente que, si bien algunas profesiones tienen requisitos más estrictos, como ingenieros estructuristas o médicos cirujanos, el valor de la cédula profesional es universal. Además, consideró que su correcta utilización y reconocimiento social fortalece la confianza pública en los profesionales y contribuye al respeto del marco legal que regula el ejercicio de cada carrera.