TIJUANA.- La reciente aprobación en el Senado de la denominada Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública ha encendido las alarmas entre especialistas en derecho y organismos de la sociedad civil. De acuerdo con el Lic. Manuel Pérez-Freyre Vaqueiro, presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Baja California, esta legislación representa una de las amenazas más graves al orden constitucional y al derecho a la privacidad que hayamos presenciado en los últimos años en México, pues le otorga a diversas autoridades facultades de vigilancia sin control judicial.

“La llamada ‘ley espía’ autoriza a organismos como la Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y el Centro Nacional de Inteligencia a acceder a múltiples bases de datos personales, biométricos, fiscales, bancarios, de telecomunicaciones, geolocalización, médicos, clínicos, propiedad y más, sin necesidad de orden judicial previa”, advirtió Pérez-Freyre en entrevista. “Esto vulnera directamente el artículo 16 constitucional, que protege a los ciudadanos contra intromisiones arbitrarias”, añadió.

Hasta ahora, el procedimiento para acceder a información personal requería la intervención de un juez, quien valoraba si existían elementos suficientes para autorizar dicha solicitud, especialmente en casos vinculados al crimen organizado. Con la nueva legislación, ese filtro desaparece, dejando a discreción de las autoridades la recolección de datos que, en malas manos, pueden derivar en suplantaciones de identidad, fraudes financieros, secuestros o persecuciones políticas.

“Sabemos que el Estado mexicano no ha sido precisamente eficaz en la custodia de bases de datos”, señaló el jurista. “Casos como el hackeo a la Sedena (Guacamaya Leaks), la venta ilegal de padrones del INE o filtraciones de datos bancarios lo prueban. Imaginen el riesgo si se hackean las bases con tus datos biométricos, fiscales, bancarios, médicos y de propiedades, … Es gravísimo, pues si se filtra esa información, te pudieran negar un empleo por  alguna enfermedad o antecedente médico, o los delincuentes tendrían información privilegiada para exigir mayores montos en casos de secuestro o extorsión”, subrayó.

Aunque la ley aún no entra en vigor y ha sido turnada al Ejecutivo para su publicación, se prevé un periodo no mayor a 180 días para que inicie la operación de la Plataforma de Inteligencia. Pérez-Freyre hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada y exigente con sus derechos, y lanzó un exhorto directo a los nuevos ministros, magistrados y jueces que tomarán protesta el próximo 1 de septiembre.

“Exhorto a los nuevos integrantes del Poder Judicial Federal a que honren la tradición constitucional, jurisprudencial y los tratados internacionales que protegen la privacidad de los gobernados. El derecho a la privacidad, ni la presunción de inocencia pueden sacrificarse en nombre de una seguridad mal entendida. La seguridad debe construirse con legalidad, inteligencia y respeto irrestricto a los derechos humanos. Y esta ley, lamentablemente, incumple con los tres”, concluyó.

La polémica Ley aún puede enfrentar desafíos legales, aunque el panorama es incierto. Lo que está claro es que el debate sobre los límites del poder estatal frente a los derechos individuales apenas comienza.