Absorberá funciones de PGJE y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que ambas desaparecerán.

Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- La creación de la Fiscalía General del Estado, que absorberá y a la que se le atribuirán las funciones de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, mismas que desaparecerán, avanza en el Congreso del Estado.

El Congreso de Baja California informó que la Fiscalía General del Estado será un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión y presupuestaria, de reglamentación interna y de decisión.

Además, agregó, tendrá a su cargo las funciones de investigación y persecución de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal.

Para ocupar su titularidad, el Fiscal General que permanecerá en el cargo por 9 años y será elegido por el pleno del Congreso del Estado, se emitirá una convocatoria abierta dirigida a profesionales del Derecho.

“No hay ningún otro Estado de la República que haya planteado que para elegir al Fiscal General del Estado tenga que ser por convocatoria pública y abierta, dirigida a todos los abogados que deseen participar”, resaltó Andrés de la Rosa Anaya, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado.

En esa comisión se aprobó por unanimidad el dictamen que contiene diversas reformas a la Constitución local que atañen a dicha fiscalía.

Lo anterior, “en cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, en materia de autonomía del Ministerio Público, donde se define que todos los procesos penales en el país se tramitarán conforme a las mismas reglas, homogéneas y claras tanto para las entidades federativas como para la federación”.

En la socialización del dictamen que da origen a esta Fiscalía, indicó De la Rosa Anaya, participaron el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; diversos organismos académicos, como la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Xochicalco y la Federación de Barras de Abogados.

“Varios de ellos nos dieron su opinión, y precisamente esta Comisión ha hecho suyos esos planteamientos y están en el dictamen”, concluyó. (lgs)