TIJUANA.- Durante 2018, la Dirección de Investigación y Determinación, de la Sindicatura Procuradora de Tijuana, ha recibido mil 381 denuncias en contra de policías municipales y auxiliares, así como también en contra de servidores públicos adscritos a diversas dependencias del XXII Ayuntamiento de Tijuana.

La Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, informó que de las mil 381 denuncias registradas, 948 corresponden a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), tanto de policías municipales preventivos como de Vigilancia Auxiliar, mientras que en el caso de servidores públicos alcanzó una cifra de 427.

La funcionaria explicó que en el periodo comprendido del día 1 de diciembre del 2017 al 30 de noviembre del 2018 se han remitido 529 expedientes a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la SSPM, de los cuales en 356 se han solicitado inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa y/o separación definitiva, ello por el incumplimiento a los principios y las obligaciones estipuladas en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California.

“En el caso de las faltas administrativas no graves, se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública la aplicación de 173 correctivos disciplinarios en contra de miembros considerados dentro del servicio profesional de carrera, por no conducirse con disciplina y realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la institución policial, así como por haber faltado a la presentación de los exámenes de control y confianza”, detalló la Síndico.

Guzmán Valverde subrayó que de conformidad con el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad para el Municipio de Tijuana, Baja California, también se determinó la no responsabilidad en 240 expedientes de investigación, respecto a elementos policíacos.

La Síndico Procuradora puntualizó que la Sindicatura como Órgano de Control también forma parte de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones, por lo que se realiza un análisis de los expedientes con la finalidad de que se apliquen las sanciones conforme a derecho.