SAN PEDRO SULA.- En los barrios polvorientos y poco iluminados de San Pedro Sula, todos conocen las reglas no escritas: hay lugares donde no se va sin permiso. Si manejas, baja las ventanas para que los miembros de las pandillas y sus vigías puedan ver quién está dentro. Es más seguro quedarse en casa después del anochecer, dejando las calles a los ejecutores y traficantes de drogas que están armados y no dudan en matar.

La segunda ciudad más grande de Honduras es donde se han formado caravanas y más caravanas de migrantes en los últimos meses para ir al norte a México y luego a Estados Unidos, huyendo de la violencia, la pobreza, la corrupción y el caos. 

Todos estos son palpables en las sofocantes calles de la ciudad, un recordatorio de por qué miles de personas continúan huyendo a pesar de los peligros y las perspectivas inciertas de poder permanecer incluso si llegan a los Estados Unidos.

El distrito norte de San Pedro Sula, donde periodistas de Associated Press acompañaron a la policía en una noche reciente, alberga a casi 230,000 personas con solo 50 agentes para patrullar sus 189 barrios, incluidos los más peligrosos: Planeta, Lomas del Carmen y La Rivera Hernández. El inspector adjunto de policía Wilmer López dijo que dos laboratorios de drogas fueron arrestados en el área en el último año. 

Los policías portan pistolas y van acompañados de soldados con fusiles de asalto. "Nos hacen sentir más seguros", dijo López, quien dirigió la patrulla.

Dice que se sabe que hay nueve pandillas separadas que operan en esta parte de la ciudad, incluida la infame internacional Calle 18 y Mara Salvatrucha, o MS-13. 

Ambos se originaron en Los Ángeles hace décadas y se propagaron a través de deportaciones a Centroamérica, y se convirtieron en organizaciones transnacionales hiperviolentas que impulsan las altas tasas de asesinatos y otros delitos en los países del Triángulo Norte de América Central: Honduras, El Salvador y Guatemala. Sus tarjetas de visita están en el graffiti garabateado en las casas, y en los cuerpos que dejan atrás.

"Algunos se pueden decir por su forma de matar", dijo López. "Al igual que la pandilla de Batos Locos, que embolsa (a sus víctimas), o la calle 18, que los desmonta".

En esta noche la patrulla va en gran parte sin incidentes. La policía registra a los clientes en un salón de billar y verifica las identificaciones en sus protestas embriagadas. Pero alrededor de las 6 am, el primer cuerpo del día, un joven con su rostro desfigurado, se encuentra tirado en el vecindario de Sinai, justo detrás de la estación de policía de Rivera Hernández.

Los residentes de San Pedro Sula, la ciudade con más asesinatos del mundo durante cuatro años consecutivos, de 2011 a 2014, hace mucho que los cuerpos se adormecían. Solo la semana pasada, al menos 16 personas murieron en la ciudad. Según los medios locales, en lo que va del año se han registrado al menos 25 homicidios múltiples con tres o más víctimas.

En un mostrador de comida, llegan noticias en la televisión sobre el último asesinato de un hombre en un taller de reparación de neumáticos. Los clientes miran con curiosidad el cuerpo en la pantalla, pero siguen comiendo.

"La gente no se sorprende cuando alguien es asesinado", dijo Salvador Nasralla, un ex candidato presidencial de la oposición que lamenta que la violencia se haya normalizado en Honduras.

La Policía Nacional Civil dice que los homicidios han disminuido significativamente en todo el país. De un máximo de 86 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2011, la tasa de homicidios el año pasado fue de 41 por cada 100,000 residentes, aunque sigue siendo uno de los más altos del planeta.

En San Pedro Sula, algunos dicen que la violencia ha disminuido un poco, ya que unos 800 pandilleros que dirigían raquetas de extorsión desde detrás de las rejas fueron trasladados de una prisión en el centro de la ciudad a un bloqueo de máxima seguridad en las montañas occidentales en 2017.

Se dice que los asesinatos han disminuido aún más en lo que va de año, pero el derramamiento de sangre no es el único factor que dificulta la vida en la ciudad."La violencia no está determinada únicamente por los homicidios, sino por las amenazas de muerte, las extorsiones, los reclutamientos forzados en pandillas, los ataques contra la propiedad en las áreas controladas por pandillas que el estado no ha podido recuperar", dijo Roberto Herrera Cáceres, comisionado de derechos humanos.

"Una situación de inseguridad mueve a la gente", dijo Herrera. "Se fuerza el desplazamiento interno que luego se convierte en migraciones forzadas".

Erick Lara es un buen ejemplo. Junto con seis amigos, se unió a la caravana más reciente que salió en abril como un grupo de menos de 300 personas, mucho más pequeñas que las vistas antes de que la policía mexicana allanara una caravana anterior y dejara a sus participantes detenidos, deportados o dispersos.

Lara, un albañil de 27 años, dejó San Pedro Sula a pesar de que tenía un buen trabajo ayudando a construir una iglesia porque los pandilleros intentaban obligarlo a él y a sus amigos a unirse.

"Están reuniendo a jóvenes para que trabajen para ellos" como vigilantes o comerciantes, dijo Lara. "No es voluntario, y si dices, 'No', te matan".

Gente de todo el rebaño hondureño a San Pedro Sula cada vez que es hora de una nueva caravana de migrantes.

También hay un flujo constante de muertos, ya que casi todos los municipios del departamento de Cortes envían sus cuerpos a la morgue de la ciudad. Familiares de luto se mueven por fuera.

"Aquí siempre hay personas que murieron por muertes violentas", dijo un trabajador de una funeraria. Se negó a dar su nombre por temor a represalias.

Sentado en una tabla de madera, un hombre de pelo gris y vestido de negro que también pidió no ser identificado esperó el cuerpo de su hijo asesinado. Dijo que el hijo salía a beber con amigos cuando aparecieron hombres armados y le dispararon, causándole heridas que lo mataron días después en un hospital. El hombre contó que se había preocupado por su hijo, pero no tenía idea de quién lo mató o por qué. Más que nada parecía resignarse a la nueva realidad.

Pasó un auto y dos policías corrieron tras él. Dos disparos sonaron a un par de cuadras de distancia, tal vez dispararon al aire, y todos se giraron para mirar. Los oficiales volvieron riendo. Nadie preguntó qué pasó, nadie dijo nada.

Muchos hondureños culpan de los problemas del país al presidente Juan Orlando Hernández, quien fue reelegido en 2018 a pesar de la prohibición constitucional de los segundos mandatos y en una votación que se vio empañada por irregularidades. 

Prometió una "mejor vida" como un eslogan de campaña, pero no ha podido entregar eso a los más vulnerables del país.

La oficina de Hernández no respondió a una solicitud de comentarios. El presidente dijo recientemente que "juré no descansar hasta que se recupere la paz y la tranquilidad de los hondureños, y continuaré haciendo eso". La semana pasada, dijo que las políticas económicas de su gobierno están funcionando y que "estamos bien".

Washington ha amenazado a los países del Triángulo del Norte con cortes de seguridad y ayuda humanitaria si no pueden detener el flujo de migrantes. Pero eso podría tener el efecto contrario si los empleos y los programas de lucha contra la pobreza sufren.

Rolando Lázaro Bautista vive en una calle sin pavimentar salpicada de pisos de metal, casas de madera y metal corrugado. Es un área sin alcantarillas o agua corriente, y cientos se han ido.

También está a tiro de piedra de las torres de condominios de lujo, y las autoridades municipales siempre han querido limpiar las chozas. Durante un intento, las casas de varios de los vecinos de Bautista fueron incendiadas. Los trabajadores de derechos humanos han obtenido una orden judicial que los protege por ahora.

Bautista dice que fue al norte dos veces. Primero en una caravana en enero, solo para ser deportado de México. Luego contrató a un "coyote" o contrabandista, pero fue capturado tres días caminando a Texas en su camino a Houston y deportado.

El jugador de 47 años no intenta volver a intentarlo después de la experiencia de estar quemado por el sol, agotado y obligado a esconderse durante días en un almacén y en una casa segura y sofocante: "Sufres de la sed y el hambre".

De vuelta a casa encontró trabajos de construcción para esta semana. Pero después de eso no hay nada seguro. Él y su esposa dependen del dinero enviado por su hija que emigró a España y que pagó la tarifa de $ 7,500 del coyote. Mientras tanto, cuidan a las dos hijas que dejó en San Pedro Sula.

La socióloga hondureña Jenny Argüello dice que los alimentos básicos que necesita una familia promedio de cinco personas cuestan el equivalente de unos $ 650 al mes, más que el salario mínimo mensual de unos $ 400.

​​​​​​​En la década de 1990, la mayoría de las personas que emigraron lo hicieron en busca de una vida mejor, dijo Argüello. "Hoy es la única alternativa que tienen los hondureños para sobrevivir". (AP)