Por Alberto Sarmiento Reyes / Hiptex

​​​​​​​Enero parece ser un mes que se le complica al gobernador del estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid. Si hace un año, el mandatario estatal enfrentó multitudinarias manifestaciones de protesta en contra de la Ley del Agua y el reemplacamiento obligatorio, este 2018 no pudo comenzar mejor.

Y es que lo que nunca antes había ocurrido, diez diputados locales decidieron ponerse de acuerdo para promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra la entrada en vigor del polémico dictamen 95, aprobado en una sesión que fue convocada de manera exprés el mes pasado.

Tras su aprobación, con el voto de doce diputados del Partido Acción Nacional y la perredista Rocío López Gorozave, se presumió que con el dictamen 95 se hará posible 3 obras específicas, la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en San Quintín y otra en Playas de Rosarito además de un sistema de pluviales en el Municipio de Mexicali.

Como ocurriera hace un año con la llamada Ley del Agua, la aprobación del polémico dictamen 95 careció de consensos en el Congreso y debido al procedimiento para la convocatoria diez diputados han decidido firmar el recurso de inconstitucionalidad.

Se espera que para el lunes próximo, a más tardar, la SCJN dé entrada a la solicitud y empiece su análisis, discusión y resolución. 

Por lo pronto la solicitud ha sido firmada por los diputados del PRI, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Corona Bolaños Cacho, Bernardo Padilla Muñoz, Benjamín Gómez y Patricia Ríos, por la pietista Claudia Agatón; Catalina Zavala Márquez y Víctor Morán, los legisladores de Morena, así como el representante del Partido Encuentro Social, Luis Moreno.

A ellos se suma el panista, Miguel Osuna Millán, quien votó en contra del dictamen en la sesión del Congreso, de suerte que no sorprende del todo que se haya sumado a esta batalla jurídica que han emprendido para echar atrás el polémico dictamen 95.

El panista, se convirtió, luego de aprobarse el dictamen, en el más fuerte crítico, baste recordar su posicionamiento: “Hemos documentado de manera completa que en el dictamen 95 hay inconsistencias, hay estadísticas que no son tomadas de una fuente fidedigna, es decir, no coincide con las que hemos documentado de la Comisión Estatal del Agua, INEGI, de la Comisión Nacional del Agua y la corrida financiera está plagada de defectos”.

Miguel Osuna denunció que en este dictamen se estarían pagando 69 millones de metros cúbicos al año cuando la realidad es que ocuparíamos 4 millones de metros cúbicos hasta el 2025. Es decir se pagara 18 veces más por el agua que aún no necesitamos tan solo en la primera etapa.

Hace un año, tras aprobarse la Ley del Agua, el gobernador “Kiko” Vega se vio obligado a dar marcha atrás, al dar respuesta a la exigencia de miles de bajacalifornianos que tomaron las calles en los cinco municipios para protestar inicialmente por el gasolinazo decretado por el gobierno federal, pero que dirigieron sus demandas al gobierno estatal.

Hoy, otra vez en enero, el mandatario estatal corre el riesgo de que sea la SCJN quien le obligue a dar marcha atrás al polémico dictamen. 

En ambos casos, ha quedado de manifiesto la falta de consensos en el Congreso del Estado, donde pese a tener mayoría simple, el gobierno estatal y la mayoría panista no han podido sacar adelante “sus temas”.

Por el contrario, el gobernador y la mayoría panista han logrado conformar un bloque opositor mayor en el Congreso del Estado, lo que en un año electoral es un verdadero riesgo político para el gobierno estatal y para Acción Nacional