Por Aberto SARMIENTO REYES / HIPTEX

No son los once votos en contra, no es la unanimidad, son los argumentos utilizados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los que abren la puerta para que la “Ley Bonilla” no sea un asunto concluido.

El fallo de la Corte contra la intención de ampliar el mandato constitucional del gobierno de Baja California de dos a cinco años, aplaudido por TODOS los partidos políticos, fue contundente y definitivo, pero los argumentos esgrimidos por los once ministros abre el camino para las consecuencias legales contra quienes diseñaron, impulsaron, aprobaron y promovieron la “Ley Bonilla”.

Condenada al fracaso, desde su aprobación por diputados locales de todos los partidos políticos que integraban la anterior Legislatura Local, la “Ley Bonilla” solo contó con el voto de los diputados que la aprobaron, con el impulso de los actuales legisladores que aprobaron una “consulta ciudadana”, del circulo cercano al gobernador Jaime Bonilla, de la dirigencia de MORENA Baja California y de la ahora ex dirigente nacional de ese partido, Yeidckol Polevnsky… Y hasta ahí.

Pero la orfandad política de la “Ley Bonilla” es mayor desde ayer que fue declarada inconstitucional. Apenas el gobernador Jaime Bonilla salió al paso con unas declaraciones en las que, entre otras cosas, hizo un llamado a considerar la pretendida ampliación de mandato como “un asunto concluido”.

Pero la “Ley Bonilla” está muy lejos de ser un tema concluido. Los argumentos de los ministros de la Corte esgrimidos en la sesión de ayer fueron tan contundentes y graves que abren el camino para que ahora vengan las consecuencias legales contra quienes orquestaron el “fraude postelectoral”.

Fueron sin duda las palabras de Arturo Zaldívar, nada menos que ministro presidente de la SCJN, las más severas contra la “Ley Bonilla”: “Se usó la Constitución para violar la Constitución, se usó la democracia para violar la democracia”… hubo un “efecto corruptor”.

Con estos y otros argumentos esgrimidos, se abrió el camino para las consecuencias legales contra los diputados locales de la anterior legislatura local que aprobaron la polémica y pretendida ampliación de mandato en la entidad.

Habrá de recordar que precisamente en mayo del año pasado, el entonces diputado priista, Benjamín Gómez, denunció el presunto cohecho de hasta un millón de dólares que le ofrecieron para citar a sesión extraordinaria y en ella aprobar la ampliación de mandato.

Desde esa fecha, la compra de diputados para aprobar la “Ley Bonilla” ha estado presente no solo en los círculos políticos, también en la opinión pública e incluso en algún ministerio público donde fue presentada una denuncia por lo revelado por el priista Benjamín Gómez, que en ese tiempo era el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California.

Es cuestión de esperar unos meses para que veamos la secuela de la “Ley Bonilla”… Y los exdiputados locales que la aprobaron son los que están en la mira. Al tiempo.

Claro que “el palo” a la “Ley Bonilla” también traerá consecuencias políticas… pero esa es otra historia.