Por Alberto SARMIENTO REYES / HIPTEX

ENSENADA.- El regidor Samuel Albestraín Pérez rechazó las acusaciones por el posible desvío de recursos por hasta 47.4 millones de pesos durante su gestión como titular de Desarrollo Social en el trienio que encabezara el profesor Gilberto Hirata Chico.

Samuel Albestraín, en entrevista con HIPTEX, dijo que “tiene otros datos y otros documentos” para rechazar las imputaciones que un ciudadano denunciara ante la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Hacienda y la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California.

Este día, HIPTEX dio a conocer el contenido de una denuncia ciudadana en la que se acusa a Samuel Albestraín de posiblemente haber incurrido en los delitos de corrupción y desvío de recursos públicos durante el ejercicio fiscal de 2016, cuando ocupó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social, por un monto de hasta 47.4 millones de pesos.

La denuncia ciudadana, recibida en el Congreso de Baja California, está acompañada de facturas y fotografías de los “domicilios fiscales” de las empresas contratadas presuntamente por Samuel Albestraín.

Molesto por la publicación, el aún regidor dijo de entrada que una vez que deje el cargo habrá de recurrir por las vías jurídicas contra quienes, asegura, lo calumnian y difaman.

“Yo no firmé esas facturas”, señaló en su defensa, dijo estar tranquilo y rechazó haber incurrido en actos de corrupción durante su paso en Desarrollo Social en el trienio del alcalde Hirata Chico.

“No se vale”, remató al reconocer que es objeto de un ataque político, que sabe de dónde proviene, pero que se negó a revelar pese a ser cuestionado al respecto.

“No voy a caer en una guerra mediática…”, dijo durante la llamada con HIPTEX, sin embargo adelantó que más tarde, a través de sus redes sociales fijaría su postura, lo cual hizo esta tarde.

Dijo que no sabía de la denuncia ciudadana que se presentó en su contra en el Congreso del Estado, pero insistió que las acusaciones que se le hacen son totalmente falsas.

Igualmente rechazó que los dos proveedores beneficiados con el pago de 47.4 millones de pesos sean familiares.

Desconoció igualmente la existencia de las facturas que acompañan a la denuncia ciudadana en su contra, “no sé de dónde las sacaron… yo tengo otros datos, tengo otros documentos”.

Se dijo dispuesto a aclarar cualquier información que le sea requerida por el Congreso de Baja California, pero reiteró que habrá de proceder legalmente contra quien presentara la denuncia ciudadana por la presunta comisión de los delitos de corrupción y desvío de recursos públicos por 47.4 millones de pesos.