Ante el Auditor Superior del Estado, el edil priista fue denunciado por el desvío de recursos y actos de corrupción durante el ejercicio fiscal 2016, cuando fungió como secretario de Desarrollo Social
Por Alberto SARMIENTO REYES / HIPTEX
ENSENADA.- El regidor Samuel Albestraín Pérez fue denunciado ante la Auditoría Superior del Estado y la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, por los posibles delitos y/o actos de corrupción y desvío de recursos públicos por un monto de 47.4 millones de pesos, durante su gestión como secretario de Desarrollo Social, en el trienio de presidiera Gilberto Hirata Chico.
La denuncia, presentada por un ciudadano, igualmente se presentó ante la Comisión de Hacienda de la Legislatura Local, que preside Monserrat Caballero Ramírez, en la que se establece que durante el ejercicio fiscal 2016, Samuel Albestraín habría desviado recursos por 46.7 millones de pesos.
La denuncia establece que durante dicho ejercicio, el hoy regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se despeñaba como titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
En una primera instancia, se le denuncia por haber haber destinado 6 millones 690 mil pesos para la compra de colchonetas, bicicletas y artículos diversos, los cuales tenían como fin ser entregados a personas de escasos recursos del municipios de Ensenada, siendo el proveedor Omar Castello Nicolás.
En ese mismo ejercicio fiscal, Samuel Albestraín autorizó otra factura, ésta por 40 millones 721 mil 297 pesos por concepto de compra de artículos electrodomésticos, línea blanca, colchonetas, catres, juguetes, cubetas de impermeabilizantes, sillas de ruedas, lonas, bicicletas, mochilas, artículos escolares, los cuales tenían que ser entregados a personas de estados recursos de este municipio. El proveedor fue Germán Castello Cedillo.
En la denuncia, que fue recibida por el Auditor Superior del Estado, Carlos Montejo Oceguera, se establece que ambos proveedores, tanto Germán Castello Cedillo como Omar Castello Nicolás, guardan con Samuel Albestraín, una relación sanguínea.
Además, precisa la denuncia, al efectuarse la revisión física de los domicilios fiscales se descubrió que son en realidad domicilios de particulares. En el caso de Omar Castello Nicolás, la dirección fiscal presentada fue bulevar Adolfo López Mateos número 19438, colonia Xocotencatl Leyva Alemán, en la ciudad de Tijuana.
En tanto que la de Germán Castello Castillo es la calle Josefa Ortiz de Domínguez número 11606, colonia Mariano Matamoros, también en la ciudad de Tijuana.
En este caso se trata de un empresa que vende lavadoras usadas, y por consiguiente no tiene la capacidad operativa, administrativa y contable para proveer más de 40 millones de pesos en mercancía y artículos como lo que ampara la factura que el gobierno de Ensenada le cubrió.
Además, establece la denuncia, no existe una lista de personas a quienes se les entregaron los bienes, solo están las facturas y los pagos correspondientes.
La denuncia ha sido recibida y deberá ser integrada la investigación, y en caso de ser hallado culpable Samuel Albestraín pudiera enfrentar una denuncia penal y ser encargado.
Igualmente, de ser hallado responsable de los delitos de actos de corrupción y desvío de recursos públicos implicaría su inhabilitación como servidor público por un lapso de hasta diez años, lo cual se traduciría que no podría regresar, una vez que deje la regiduría, a ocupar su base sindical como empleado del Congreso del Estado, la cual ostenta desde hace varios años.
