Priistas denunciaron presiones de gobierno federal y Morena para que diputados locales modifiquen periodo de gubernatura
MEXICALI.- Operadores del candidato a gobernador, Jaime Bonilla, de MORENA y del Gobierno Federal, fueron denunciados de un intento de extorsión por hasta un millón de dólares a diputados locales para modificar un transitorio de la Ley, y con esto, modificar el periodo del próximo gobierno estatal de dos a cinco años.
El candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Acosta Fregozo, acompañado del diputado local y presidente del Congreso, Benjamín Gómez, así como de su coordinador de campaña Eduardo Bernal, hicieron este viernes la denuncia.
En conferencia de prensa ofrecida en la capital del Estado, y con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, señalaron que operadores Jaime Bonilla, candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), están detrás de esta operación.
Gómez Macías indicó que específicamente hicieron esos cabildeos, Amador Rodríguez Lozano, el actual diputado del PRI, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, y funcionarios federales como Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
Incluso explicó que él como presidente del Congreso, ha recibido presiones y amenazas para que realice en las próximas horas una sesión extraordinaria en el Congreso y se puedan modificar la Ley para que la gubernatura del Estado cambio de dos a cinco años.
Los ofrecimientos han ido desde un millón de dólares, hasta cargos en gobierno estatal y federal.
Sostuvo que los funcionarios federales que lo presionaron y han hecho lo mismo con otros diputados, fueron el administrador de la Aduana de Mexicali, Alejandro Miramontes y el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo.
Gómez responsabilizó al Gobierno Federal, de cualquier cosa que le suceda a él o a su familia.
Por otro lado, Acosta Fregoso puntualizó que los operadores de Bonilla se están manejando tipo “gangsteril” para a cualquier precio modificar la gubernatura de dos a cinco años.
Agregaron que el Comité Ejecutivo Nacional interpondrá las denuncias necesarias en las próximas horas.