Llamará a comparecer a funcionarios estatales para que respondan legalmente ante la Cámara de Diputados y, en su caso, ante instancias judiciales por el despojo en el que presuntamente están involucrados jueces, notarios públicos e inmobiliarias.

Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- Una Comisión Investigadora en el Congreso del Estado llamará a comparecer a funcionarios estatales para que respondan legalmente ante la Cámara de Diputados y, en su caso, ante instancias judiciales por el despojo de más de 6 mil viviendas con créditos Infonavit.

Las denuncias van en aumento, pero en tan sólo dos expedientes se denuncia el despojo de más de 6 mil de este tipo de casas, en detrimento de personas que han perdido su patrimonio a través de irregularidades y sin un sustento legal.

Así lo expresó el diputado local Luis Moreno Hernández al informar que el Congreso de Baja California secundó su propuesta y creó una Comisión Especial para atender la problemática de los despojos ilegales de casas adquiridas con créditos del Infonavit, que han sido denunciados principalmente Tijuana.

El asunto se agrava, dijo, porque también ha impactado a familias enteras en su estado emocional, con afectaciones en su salud y directamente en lo financiero.

Recordó que el dictamen de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para instalar un órgano parlamentario que investigue y llame a comparecer a los funcionarios públicos involucrados en lo que se presume es un fraude en la adjudicación de dichas viviendas, se aprobó con el voto calificado de la totalidad de las fuerzas políticas.

La Comisión Investigadora será presidida por el diputado Benjamín Gómez Macías, presidente de la Junta de Coordinación Política y estará integrada por los legisladores: Alfa Peñaloza Valdez, Sergio Tolento Hernández,  Victoria Bentley Duarte; Job Montoya Gaxiola, Claudia Agatón Muñiz, Héctor Mares Cossio y Marco Antonio Corona Bolaños.

En la pasada sesión del Congreso, el representante de Transformemos, Luis Moreno Hernández, expuso ante el pleno las denuncias en las que presuntamente están involucrados jueces, notarios públicos e inmobiliarias a quienes los denunciantes señalan de ser partícipes claves de estos actos ilegales. (lgs)