Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- La portación de arma de fuego fue incluida en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa con la reforma al artículo 19 Constitucional aprobada ayer en la Cámara de Diputados, bajo el concepto de delitos contra la Ley de Armas de Fuego.

A nivel local, autoridades han coincidio en culpar a ese delito como parte del origen de la escalada de violencia en la ciudad, que cerró 2018 con más de 2 mil 500 homicidios y este año ya supera las 317 ejecuciones.

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, quien como diputado aprobó una reforma que admitió públicamente que desde que entró en vigor ha abonado a que los índices de criminalidad se hayan elevado, ha señalado en numerosas ocasiones a la falta de prisión preventiva oficiosa en la portación de arma de fuego como una de las principales causas de la violencia en Tijuana.

Incluso anticipó reiteradamente que exhibiría a los diputados federales bajacalifornianos que no avalaran la propuesta del Senado que finalmente derivó en la aprobación de que el delito se considere grave e incluya prisión automática.

El año pasado, la Policía Municipal de Tijuana decomisó más de 2 mil armas de fuego y en el transcurso de febrero de 2019 van 63, 43 cortas y 20 largas.

Por su parte, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid encontró en el trasiego de droga al Estado la justificación de la ola de violencia que afecta sobre todo a Tijuana y afirmó recientemente que el 85 por ciento de los homicidios en la ciudad se relacionan al narcomenudeo.

En la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva automática de acuerdo a lo aprobado en la Cámara de Diputados se encuentran además: abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

También, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y delitos en materia e hidrocarburos (huachicoleo).

Ahora sólo falta el aval de al menos la mitad más uno de los congresos estatales para que entre en vigor debido a que la lista aprobada ya había sido avalada previamente por el Senado de la República. (lgs)