Advierten “fuga” de 200 en Banco de México, optaron por jubilación anticipada o renuncia.

CIUDAD DE MÉXICO.- La inminente llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, está causando nerviosismo y decisiones precipitadas por parte de funcionarios que no quieren perder beneficios y sus altos salarios, aunque ello implique retirarse de sus funciones para gozar de una abultada jubilación o indemnización antes de que entren en vigor nuevas medidas.

Simplemente, existe quienes no están dispuestos a que su salario esté topado en el del presidente y quizá no porque no quieran apegarse al mandato constitucional que indica que ningún funcionario público deberá ganar más que el mandatario de México, sino porque no les parece ver reducido su sueldo hasta en una tercera parte, sólo porque López Obrador decidió que ganará 108 mil pesos mensuales.

Medios nacionales coinciden en que en el Banco de México, por ejemplo, son 200 los funcionarios que han decidido decir adiós antes de tiempo sólo porque no están dispuestos a ganar menos de 108 mil pesos al mes.

Y es que el salario mensual medio de los miembros de la Junta del Banco de México, por ejemplo, es de 356 mil pesos.

La información es extraoficial y no se precisa quiénes ni qué puestos tienen los que presuntamente han dejado sus cargos, pero 10 por ciento correspondería a altos directivos.

Otros de los que no están de acuerdo con que sus percepciones se vean disminuidas son los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyo ministro presidente Luis María Aguilar Morales, informó ante colaboradores que ha conversado con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que les reduzcan sus salarios y prestaciones.

“He hecho los acercamientos necesarios y los vínculos para poder hacerles ver cuáles son las cosas que realmente importan a la función jurisdiccional, la importancia del Poder Judicial”, expresó en un audio de una reunión privada publicado por El Sol de México.

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que limita los salarios de los funcionarios del sector público para que ningún burócrata gane más que el presidente del país y aplicaría a las tres ramas federales de poder, organismos gubernamentales descentralizados y fideicomisos.