Tampoco respalda el organismo empresarial la intención del próximo gobierno de “recorrer” 30 kilómetros hacia el Sur las aduanas de la frontera Norte.
Redacción/ HIPTEX
TIJUANA.- La Coparmex nacional rechazó cualquier intento de regularizar vehículos “chocolate” como lo buscan gobernadores fronterizos en una medida que calificó como de “clara orientación política”.
El organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther también se declaró en contra de “una propuesta que ha esbozado el futuro gobierno federal, en el sentido de “recorrer” 30 kilómetros hacia el Sur las aduanas de la frontera Norte para crear de forma repentina una zona franca".
Lo anterior, debido a que hacerlo afectaría aún más a la industria automotriz nacional que representa casi 3 por ciento del PIB y da empleo a dos millones de personas, además de que es nocivo para el medio ambiente e impacta la seguridad vial y la delincuencia.
Así lo expresó este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su posicionamiento Sector Automotriz, liderazgo económico en riesgo, disponible en: https://coparmex.org.mx/sector-automotriz-liderazgo-economico-en-riesgo/.
La comercialización de los vehículos chatarra representa el 10.05 por ciento de las ventas totales de vehículos en México, en detrimento de la producción nacional.
La introducción ilegal hacia territorio mexicano de autos “chatarra”, a los que por su antigüedad ya no les es permitido circular en los Estados Unidos, compromete la seguridad vial en calles y carreteras y pone en riesgo la seguridad pública, afirma.
“Varios gobernadores han propuesto regularizar estos vehículos a través de un engomado que les permita circular. Nuestro más enérgico rechazo a estas medidas de clara orientación política”.
Comenta que en el primer semestre de 2018, la venta de autos ligeros y pesados disminuyó ocho y nueve por ciento y las ventas de las principales tres marcas en el país cayeron entre 13.2 y 22 por ciento.
En dicho panorama influyó la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las elecciones en México, el aumento a las tasas de interés y la volatilidad cambiaria, pero también decisiones políticas que inciden directa y negativamente sobre la industria.
El contrabando de vehículos es frecuentemente ignorado por las autoridades federales, y su libre circulación solapada por muchas autoridades locales y municipales, acota, contribuyendo con esas omisiones, al debilitamiento del mercado interno y del sector automotriz.
La regularización no significa legalización. Sólo normaliza y vuelve recurrente el contrabando de vehículos al territorio nacional, advierte.
Un reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) indica que de 2006 a 2008, la venta de vehículos importados usados sobrepasó las ventas totales de unidades nuevas de todo el país, lo que está relacionado con un intento en ese entonces por regularizar los vehículos chatarra que en 68 por ciento se quedan en la frontera.
“Si se quiere acabar con el contrabando de vehículos, se debe incluir un planteamiento integral del problema que aborde la necesidad de crear transporte público digno y de calidad para aquellos que no tienen acceso a ingresos que les permitan comprar autos”, opina.
Asimismo, considerar el tema dentro de las renegociaciones del TLCAN. Sin una normativa fortalecida no se puede otorgar seguridad jurídica a quienes importan vehículos dentro de la ley, y será inevitable que México sea el basurero regional de vehículos obsoletos provenientes del resto de Norteamérica.
“Hacemos un llamado a los gobernadores que han impulsado la regularización de vehículos introducidos ilegalmente para que reconsideren y desistan de ese propósito”. (lgs)
