Por Alberto SARMIENTO REYES / HIPTEX

TIJUANA.- El empresario tijuanense, Erik Baloyán Bárbara, denunció el intento de despojo de un predio de su propiedad por parte de la desarrollada Habitamex, con la presunta complicidad de las autoridades municipales, particularmente de la Dirección de Administración Urbana (DAU).

Estela Esquivel, representante legal del empresario, dijo a HIPTEX que el gobierno municipal que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ha actuado de forma irregular para convertir un predio propiedad de Erik Baloyán Bárbara en una vialidad pública, con el objetivo de beneficiar a esa empresa constructora con un acceso a un proyecto habitacional que se llamará Coto II y Coto III.

Comentó que el predio, de 9 mil 375 metros cuadrados, ubicado en el fraccionamiento Chapultepec Décima Sección, ha pertenecido a la familia Baloyán, pero tras una donación le pertenece a su representado.

Precisa que el predio en cuestión, cuya clave catastral es MY-000-211, está ubicado al concluir la Avenida de los Olivos en lo que será el fraccionamiento Chapultepec Décima Sección y es producto de la subdivisión de un predio mayor en el que se terminó el desarrollo habitacional Coto I y se construyen Coto II y III desde hace 10 años.

Los espacios que se diseñaron como entradas para estas dos últimas fracciones colindan directamente con el terreno, precisa  Estela Esquivel, quien refiere que para proteger el predio, el empresario Erik Baloyán -cuya propiedad está identificada en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Baja California- construyó una barda de concreto y malla ciclónica en el año 2014.

Pero la madrugada del domingo 27 de enero de 2019, personas que aún no han sido identificadas se presentaron en el terreno y después de amedrentar al personal de vigilancia derribaron la barda y limpiaron el escombro con maquinaria y equipo especializado.Una acción que les llevó varias horas.

A consecuencia de esa acción, Baloyán Bárbara contrató personal para iniciar trabajos de excavación para reponer la protección del terreno, pero el martes 29 de enero de 2019 empleados de la Dirección de Administración Urbana (DAU) se presentaron en el lugar para ordenar la suspensión de la obra “por falta de licencia de construcción”.

Pero de manera “sospechosa”, señala Estela Esquivel, el 31 de enero de 2019, a petición de la empresa constructora Habitamex, la DAU ya había iniciado un procedimiento de recuperación de vialidad pública, presumiendo que la propiedad corresponde a una calle obstruida.

Ante todas las irregularidades legales que se han cometido de forma reiterada con el fin de fabricar un acceso para intereses comerciales particulares, el empresario Erik Baloyán promovió un juicio de amparo contra las acciones del Gobierno Municipal.

En dicho juicio, establece la abogada Estela Esquivel, se ha llegado a determinar que existe incumplimiento a las medidas cautelares de suspensión concedidas, así como una denuncia penal contra diversos funcionarios públicos por falsificación de documentos.

Señala directamente a Magdalena García, titular de la DAU de estar coludido de manera sospechosa con Impulsora Habitacional Mexicana S.A. de C.V. (Habitamex), constructora que resultaría directamente beneficiada con el proceso de recuperación del predio en disputa, empresa que por su parte ha promovido el que se determine que el predio es una calle simulando contratos de arrendamiento en el conjunto habitacional que se encuentra en obra negra para argumentar un interés público.

Puso como ejemplo un dato: a DAU falsificó un citatorio para entregarlo como elemento de prueba en el juicio de amparo que promovió el empresario Baloyán, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, precisamente con el fin de demostrar el mal actuar de la autoridad municipal.

Para intentar fundamentar ante el Juez que se citó al propietario del predio de forma correcta, la dependencia entregó un documento distinto al que en realidad se utilizó, puntualiza Estela Esquivel.

Por estos hechos, Erik Baloyán presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por falsificación de documentos con la agravante de haber sido cometido por funcionarios públicos, delito que de acuerdo al artículo 243 del Código Penal Federal, podría alcanzar una pena de 6 a 12 años de prisión.

La denuncia es contra la directora de la DAU, Magdalena García; el verificador notificador, Guillermo Jiménez y Emmanuel Díaz Martínez, quien siendo empleado del ayuntamiento firmó los documentos (el original y el falso) como testigo.

Como resultado de la petición hecha por Baloyán Bárbara, el juez segundo en materia de amparos concedió la suspensión definitiva al actuar del Ayuntamiento el 25 de marzo de 2019, especificando que la administración municipal no puede resolver en definitiva el procedimiento de recuperación de vialidad pública.

Pese a esto, el 8 de abril de 2019, la Dirección de Administración Urbana ordenó el retiro de una pared de madera colocada para proteger el predio, así como “el habilitamiento de la misma, mismos obstáculos que en la actualidad se encuentran impidiendo el libre tránsito sobre dicha vialidad pública”.

El juzgado ordenó que el Procedimiento de Recuperación de Vialidad Pública no se resolviera en definitiva hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo, pero el ayuntamiento ordenó una diligencia para tomar posesión del inmueble, efecto que en todo caso solo podría hacerse en cumplimiento a un resolución definitiva de dicho procedimiento, con lo cual se observó una intención de desposeer al propietario del inmueble aun en contra de resoluciones federales. Esto constituye un desacato a una orden del juez.

Este incumplimiento ya fue reconocido en el Juzgado Segundo de Amparo, toda vez que el miércoles 22 de mayo de 2019 este resolvió que efectivamente el ayuntamiento no respetó la orden previamente dada. También, reiteró que Baloyán Bárbara “deberá continuar con la posesión que ostenta del inmueble… Ya que el agraviado acreditó que es propietario de dicho inmueble…”.

Pese a dirigir oficios tanto a la Presidencia Municipal como a Sindicatura, ni el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro ni Ana Marcela Guzmán Valverde, sindicó Procuradora, han atendido la queja presentada por los representantes legales de Erick Baloyán, quienes reiteran la sospechosa colusión entre autoridades municipales y la desarrollada Habitamex.