Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- Grupos civiles que han liberado casetas de peaje en autopistas de la entidad durante meses, regresaron la mañana de este viernes a algunas de ellas y fueron retirados por las autoridades. Hay al menos dos detenidos.

En la autopista Tijuana-Tecate, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvo a dos hombres luego de que no se retiraran del lugar en el lapso de tiempo que les ofrecieron y anticipó más detenciones contra otros de los involucrados.

Desde el jueves pasado, elementos de la Agencia de  Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) comenzaron a vigilar estos espacios para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pudiera retomar el cobro de las cuotas que brindan seguro a quienes transitan por carreteras de paga de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Algunas de estas personas, autodenominadas activistas sociales por el libre tránsito en el Estado y el país y que pedían cooperación voluntaria a automovilistas en las casetas liberadas, denunciaron vía redes sociales el operativo que se llevó a cabo en la autopista Tijuana-Tecate, la mañana de este viernes.

En algunos videos, si bien no se aprecian disturbios ni uso de la fuerza, sí se observa a los elementos entrevistar a integrantes de estos grupos y tomar fotografías y doblar lonas con las que acostumbraban identificar su movimiento durante las tomas de casetas.

No estamos cometiendo ningún delito, simplemente queremos hacer ejercer el artículo 11 de libre tránsito, aseguraron los manifestantes.

Además, personal castrense flanqueó cada una de las casetas que vuelven a cobrar cuotas a los usuarios.

Por su parte, la senadora Alejandra León Gastélum, una de las promotoras de la toma de casetas argumentando derecho al libre tránsito, se pronunció en contra de las medidas para recuperar el control de estos sitios anunciadas en la Mesa de Seguridad Estatal por su secretario técnico, Isaías Bertín Sandoval y el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.

Anticiparon las acciones como una medida para hacer valer la autoridad y dar certeza a los usuarios, quienes quedan vulnerables sin seguro de tránsito cuando se les impide realizar el pago.

“Criminalizar los movimientos sociales; represión en Baja California. Autoridades generando la violencia contra el pueblo en Baja California. Así no, la misma changa pero revolcada”, expuso la senadora en redes sociales.

“La violencia sólo genera más violencia… se les hizo un exhorto en el Senado para el diálogo a las autoridades, pero al parecer sólo les importa imponer la Ley del Garrote… hoy con violencia en las carreteras de Baja California llegan y agreden a activistas sociales, violación a los Derechos Humanos... ¿dónde debería de estar realmente toda esa fuerza pública?”, expresó. (lgs)