Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- Un “atraco jurídico monstruoso” perpetrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el despojo al Sistema CUT Universidad de un predio ubicado en la Tercera Etapa de la Zona Río, denunció Jesús Ruiz Barraza, rector de dicha institución educativa.

Dijo que CUT Universidad está a punto de ser despojada de un predio con un valor económico superior a los 6 millones de dólares, en lo que se trata de un "acto de alta corrupción" por las presiones que recibiera José Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Después de muchos años de procesos jurídicos, la institución educativa ha sido afectada por una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una resolución en contra.

“Esto es un atraco porque se agrede a una institución educativa que si bien es privada, la ley la autoriza a disfrutar de bienes públicos adquiridos legítimamente”.

En rueda de prensa, acusó al magistrado Pardo Rebolledo y al Gobierno del Estado de planear el despojo del terreno de 30 hectáreas que adquirió hace 22 años, mediante contrato de promesa de compraventa al posesionario Rubén Moreno Guerra, a quien pagó en aquella época (1996) 650 mil dólares; sería utilizado para construir un nuevo campus del CUT.

Recordó que en octubre de 2018 se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el número P-2342-18, para que realice una revisión en base a lo establecido en el artículo 29.2 del Reglamento de la misma Comisión.

Explicó que que por decreto Presidencial, durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, se donó al Gobierno de Baja California una superficie de alrededor de 3 mil hectáreas en la canalización del Río Tijuana, para obras de infraestructura y equipamiento urbano, una zona ecológica y desarrollo habitacional.

Por su parte, el Gobierno de Baja California durante el mandato de Héctor Terán Terán creó el Fideicomiso Río Tijuana Tercera Etapa con los bienes que le fueran donados por el gobierno federal, sin previo decreto de la Legislatura estatal, contraviniendo así la Ley General de Bienes del Estado.

“Esto lo hizo el Gobierno del Estado en la época de Héctor Terán para eludir la responsabilidad de cumplir con los objetivos planteados por la donación del gobierno federal, por lo que se constituyó el fideicomiso con banco Santander”, precisó.

Ruiz Barraza aseguró que este acto es producto de una enajenación fraudulenta que se contrapone a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Bienes del Estado de Baja California.

"Si la autoridad me requiere la entrega del terreno, voy a cumplir con el mandato llevando a los estudiantes del CUT para que sean testigos de este despojo", recalcó.