TIJUANA.- El país está viviendo una coyuntura decisiva para el Estado de derecho y ante ello la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que se ventila en el Congreso trae consigo graves riesgos de regresión constitucional, que el gremio jurídico no puede observar en silencio.

Así lo señaló el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana A.C., Daniel Avitia Beltrán, quien manifestó que el amparo es la punta de lanza de la protección ciudadana frente a los abusos de autoridad, y el escudo que personas comunes pueden invocar para que sus derechos no se vulneren arbitrariamente.

"Cuando se reglamenta este mecanismo con exigencias excesivas de forma, definiciones rígidas y posibilidades de incumplimiento, el juez deja de ser escudo y puede volverse muro.

Nos preocupa sobremanera la redefinición del interés legítimo como un criterio ultra restricto que sólo reconoce al quejoso con lesión individual clara y diferenciada. Con ello, se corre el riesgo de cerrar la puerta a ciudadanos, colectivos, organizaciones o grupos afectados colectivamente, que no logren acreditar minuciosamente esa diferencia y con ello verán negado su acceso al amparo", declaró.

Más grave aún, añadió, es la limitación de las suspensiones provisionales que evitan la ejecución de actos reclamados mientras se resuelve el fondo, y la exención de responsabilidad para autoridades que no cumplan con las sentencias; ya que las sentencias de amparo no pueden quedar en el papel; deben tener efectos reales y exigibilidad legal.

Destacó que no se aceptará que en nombre de la “eficiencia” se sacrifiquen derechos. La justicia no puede ser rápida si es injusta. Ni eficaz si es ocasional. Ni técnica si es selectiva.

Por eso, agregó que se exige que se preserve la amplitud del interés legítimo conforme a la doctrina constitucional y los estándares internacionales; que las suspensiones puedan otorgarse para proteger riesgos irreparables, sin criterios automáticos de denegación; y que el cumplimiento de las sentencias de amparo sea vinculante y sujeto a sanciones personales a los servidores públicos.

Así como que la reforma sea sometida a Parlamento Abierto, con participación directa del gremio jurídico, academia y sociedad civil; y que nunca se olvide que el amparo no es privilegio para unos cuantos: es derecho de todos.

"A todas y todos los ciudadanos les reiteramos que vigilaremos que no se nos arrebate la tutela constitucional. En esta defensa estamos todos: no permitiremos que la justicia sea un discurso y no una realidad", puntualizó Avitia Beltrán.