Solicita implementación de medidas cautelares a la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia. El fin de semana pasado dos dos adolescentes hondureños fueron asesinados en Tijuana.

Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) solicitó medidas cautelares para menores de la caravana migrante a la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia.

Lo anterior, para “evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad y atendiendo a la responsabilidad del Estado de protegerlos y garantizarlos”.

Así lo informó mediante comunicado de prensa Melba Adriana Olvera Rodríguez, titular de dicha comisión.

La solicitud ocurre en el contexto del asesinato de dos adolescentes hondureños ocurrido el fin de semana reciente, mismos que se encontraban refugiados en un albergue para adolescentes en la ciudad y cuyo homicidio ocurrió mientras estaban fuera de las instalaciones.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos no mencionó el caso, pero afirmó que dentro de la caravana migrante hay una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con la compañía de un familiar, “lo cual los coloca en condición de vulnerabilidad”.

Además, insistió en que en el albergue habilitado en “El Barretal” no se cuenta con las condiciones que les brinden garantías de seguridad e integridad personal, tanto a los acompañados como no acompañados de la caravana migrante, por lo que debe instruirse para que se implementen.

También pidió a la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia que ordene presencia permanente de personal a su cargo en los albergues en donde se encuentran menores migrantes.

Solicitó que se adecúen los espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes, mismos que deberán cumplir con los estándares mínimos para que dichos espacios les brinden atención adecuada.

Olvera Rodríguez enfatizó que todos los niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad humana, independientemente de su origen nacional, deben contar con mecanismos especiales de protección de sus derechos. (lgs)