CIUDAD DE MÉXICO.- La llamada Cuarta Transformación (4T) continúa aumentando los niveles de deuda desde que tomó el poder en 2018 hasta mediados de 2025, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“En términos per cápita la deuda por habitante se ubicó en 135 mil pesos, 9.6 por ciento por arriba del año pasado, pero casi 60 por ciento superior a su nivel reportado al cierre de 2018”, afirmó el órgano asesor del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El organismo difundió que al cierre de junio de 2025, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el concepto más amplio de deuda, sumó 17.8 billones de pesos, 1.8 billones más que en igual mes del año pasado.

En diciembre de 2018, cuando llegó la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador, había una deuda de 10.7 billones de pesos. Es decir cada mexicano adeudaba 85 mil 915 pesos, señaló.

A pesar de que en lo que va del año las finanzas públicas van en línea con el objetivo de reducir el déficit fiscal, aún es un tema de preocupación, expresó el instituto de investigación económica en México.

Durante el primer semestre del año los ingresos totales del sector público aumentaron a una tasa anual de 3.4 por ciento, lo cual “es una buena noticia, pero no es suficiente para satisfacer la necesidad de mayores recursos que implican los programas sociales”.

Destacó que la inversión física sigue siendo un renglón importante en el ajuste del gasto público. En el periodo enero-junio disminuyó 30.4 por ciento, que puede reflejarse en un menor ritmo de avance de obras de infraestructura que se requieren para impulsar la inversión productiva.

“Se aprecian importantes ajustes en diversos rubros del gasto que pueden incidir negativamente en programas que se relacionan con el bienestar de los hogares”, manifestó.

Según el CEESP, el reducido gasto del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo está inhibiendo la inversión privada y una mayor generación de empleo en México.

“Es evidente que el reducido gasto del gobierno en infraestructura inhibe la inversión privada”, aseguró.

Hubo una caída de 25.8 por ciento de  la inversión pública en mayo de 2025, con lo que acumuló trece meses consecutivos a la baja, dijo.

“La inversión privada, además del impacto de la caída de la inversión del sector público, refleja en buena medida los efectos de factores internos como la ausencia de estado de derecho, inseguridad y corrupción, aumentando la cautela para realizar inversiones”, comentó.

En mayo, la inversión privada se contrajo 4.9 por ciento, con la posibilidad de que mantenga su tendencia descendente iniciada a finales del 2023, al igual que la pública, destacó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

“La inversión total reportó una baja anual de 7.1 por ciento, acumulando nueve meses consecutivos con variaciones negativas, esto sin duda limita la creación de empleo formal de calidad, inhibiendo una mejora en el bienestar de los hogares”, expresó.

El CEESP dijo que los indicadores del Inegi reportan que en el segundo trimestre del año el porcentaje de población en pobreza laboral aumentó marginalmente 0.1 puntos porcentuales respecto al trimestre previo al pasar de 35.0 por ciento a 35.1 por ciento.

“Si bien es cierto que el aumento al salario mínimo ha beneficiado a los ocupados del país, también lo es el hecho de que mientras quienes perciben esta cantidad han aumentado significativamente, los ocupados que perciben ingresos mayores se han reducido de manera importante”, señaló.

Añadió que las cifras muestran que, en lo que va del año (enero-julio) la población ocupada que percibe hasta un salario mínimo aumentó en 3 millones de personas, lo que en principio debería ser algo positivo.

“Esto pareciera más un factor de precarización del mercado laboral, si se considera que el universo de aquellos ocupados que ganan más de un salario mínimo se redujo en 2.2 millones”, mencionó.

Agregó que la informalidad es otro factor que además de reflejar la complejidad que tienen las empresas para generar empleos formales, refleja mayores niveles de precarización del empleo.

“Del aumento total anual de la población ocupada en julio, el total de quienes laboran en la formalidad se redujo en 757 mil personas, mientras que quienes se ubicaron en la informalidad aumentaron en 1.2 millones de personas. Esto significó que la tasa de informalidad laboral aumentó de 54.5 por ciento en julio del año pasado a 56.1 por ciento en el mismo mes del presente año”, expresó el CEESP.