TIJUANA.- La creación de la Comisión Nacional para la Reforma Electoral ha encendido focos rojos en la esfera política y jurídica de México. De acuerdo con el Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, socio director de la firma Grupo UNO Abogados, este órgano “representa un riesgo latente para la democracia mexicana, al estar conformado casi en su totalidad por perfiles cercanos o subordinados al partido en el poder, Morena”.

Abarca Jiménez advierte que cualquier reforma electoral legítima debe partir del consenso y la pluralidad, principios ausentes en la actual composición de la comisión. Y es que basta ver que entre sus integrantes figuran nombres como el de Arturo Zaldívar, Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, José Peña Merino y Jesús Ramírez, la mayoría con vínculos directos con el oficialismo. “Esto no es un accidente, sino una estrategia deliberada para controlar las reglas del juego electoral”, enfatiza.

Aunque el proyecto aún no se presenta formalmente, las declaraciones de líderes morenistas permiten anticipar un rumbo preocupante: reducción de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), recorte de recursos, desaparición de institutos electorales locales, implementación del voto electrónico y eliminación de diputados plurinominales. Medidas que, según el especialista, “alterarían gravemente la representatividad y la competitividad electoral”.

El jurista subraya que la democracia mexicana atraviesa un momento frágil, marcado por violencia electoral, uso clientelar de programas sociales e intervención indebida de funcionarios en campañas. “Modificar las reglas de forma unilateral en este contexto es dinamitar la poca equidad que queda en el sistema”, afirma.

El especialista recuerda que el INE ha sido blanco constante de ataques desde el Ejecutivo, pese a ser pilar de la transición democrática. “Debilitarlo o someterlo a intereses partidistas sería un retroceso monumental”, advierte. Y agrega que el oficialismo ya controla la Presidencia, el Congreso y busca influir en el Poder Judicial, “por lo que una reforma electoral parcializada consolidaría un poder casi absoluto”.

Ante este panorama, Abarca Jiménez llama a la sociedad civil, academia, medios y oposición a exigir transparencia, imparcialidad y participación plural en cualquier modificación a las leyes electorales. “No se trata de rechazar toda reforma, sino de garantizar que no sea diseñada para beneficiar a una sola fuerza política”, señala.

Finalmente, insiste en que una verdadera reforma debe ser producto de un debate público amplio, con participación de expertos independientes y observadores internacionales. “La democracia mexicana costó décadas de construcción. No podemos permitir que, bajo la etiqueta de transformación, se imponga una regresión que anule la alternancia y erosione las instituciones”, concluye.