El acceso al agua es un derecho humano, pero garantizarlo requiere de voluntad política, inversión en infraestructura y un cambio en la cultura del consumo
TIJUANA.- La correcta gestión del agua es un reto crucial en Baja California y en todo México. El recurso hídrico es esencial para el desarrollo sostenible y la calidad de vida, pero su uso ineficiente y la falta de una legislación actualizada agravan la crisis hídrica en diversas regiones del país.
Así lo advirtió José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C. (CIGAMX), quien enfatizó la necesidad de una reforma en la Ley Nacional de Aguas y la implementación de estrategias que prioricen el ahorro, la reutilización y el tratamiento adecuado del agua.
Según Zavala, la actual legislación en materia de agua ha quedado obsoleta y urge una modernización que responda a las necesidades actuales. En Baja California, el 70% u 80% del agua se destina a la agricultura, lo que convierte a este sector en un actor clave en la gestión del recurso. Sin embargo, el estado enfrenta un problema particular: el suministro proviene del Río Colorado y requiere de un complejo sistema de bombeo que incrementa el costo energético.
En ciudades como Tijuana, el abastecimiento de agua es un proceso incierto. La cuota de agua destinada para la zona urbana, de aproximadamente 80 a 90 millones de metros cúbicos, resulta insuficiente y obliga a la compra de agua adicional en un mercado que requiere actualización urgente en su regulación. Además, el traslado del agua a través de la montaña de la Rumorosa genera altos costos y un desgaste significativo en la infraestructura, con enormes riesgos al depender de una sola línea de abastecimiento.
“La gestión del agua en Tijuana es un proceso incierto año con año. Transportarla hasta la ciudad implica un alto consumo de energía, especialmente debido al bombeo necesario para atravesar la montaña de la Rumorosa. A pesar de este esfuerzo y costo, el agua se utiliza una sola vez, en ocasiones se trata de manera adecuada, pero finalmente se desecha sin un sistema eficiente de reutilización”, apuntó el experto en temas medioambientales.
Zavala Álvarez, egresado del programa LEAD por El Colegio de México, señaló como uno de los principales obstáculos para una gestión eficiente del agua es el deficiente mantenimiento de la infraestructura hídrica. Las redes de distribución presentan fugas considerables, lo que representa una pérdida constante de agua potable. El ambientalista advirtió que “invertir en una nueva fuente de abastecimiento, como la planta de ósmosis inversa en Rosarito, sin antes reparar las fugas, equivale a verter agua en un balde roto”.
En la actualidad, consideró el director del CIGAMX, el agua utilizada se trata en algunas plantas, pero no se reincorpora a los sistemas urbanos o agrícolas de manera eficiente. Un modelo de economía circular permitiría aprovechar mejor este recurso, reduciendo la demanda de nuevas fuentes de agua.
“No tenemos un sistema integrado que reconozca, que implemente la economía circular, para que no solo tratemos el agua, si no también hagamos el tratamiento y, además, tengamos un sistema de reúso”, expresó.
En el marco de los foros nacionales sobre la Ley General de Aguas, Baja California ha sido una de las regiones donde la discusión se ha visto retrasada. La oposición de algunos sectores agrícolas del Valle de Mexicali pospuso los debates, aunque finalmente se retomaron con la finalidad de que contribuyan a un modelo de gestión del agua más sustentable.
José Carmelo Zavala, subrayó la necesidad de priorizar las acciones en un orden lógico: primero, reparar las fugas y mejorar la infraestructura; segundo, implementar un sistema de reutilización eficiente, y finalmente, recurrir a tecnologías como la ósmosis inversa. Saltarse estos pasos podría traducirse en un derroche de recursos y en una gestión poco efectiva del agua.
La gestión eficiente del agua no es una opción, sino una necesidad urgente. El acceso al agua es un derecho humano, pero garantizarlo requiere de voluntad política, inversión en infraestructura y un cambio en la cultura del consumo. Con la actual crisis hídrica, no hay margen para el desperdicio ni para estrategias desarticuladas.
Los foros en curso y el debate sobre la Ley General de Aguas representan una oportunidad para replantear la forma en que gestionamos el recurso más vital para la vida y el desarrollo. La clave está en la eficiencia, la planeación y la sostenibilidad. Solo así podremos garantizar un futuro donde el agua no sea un lujo, sino un derecho plenamente ejercido.