Exigen empleados del Poder Judicial ajuste salarial y pensiones

POR: Marco Flores
ENSENADA.- En demanda de actualización salarial, implementación de un sistema de pensiones, condiciones de trabajo dignas, respeto al derecho de antigüedad y otras peticiones, trabajadores del Poder Judicial de Baja California se manifestaron esta mañana en Ensenada, Tijuana y Mexicali.
La petición de los secretarios de acuerdos, proyectistas y actuarios va dirigida al magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, así como a la diputada Rocío López Gorosave, presidente del Congreso de Baja California.

De las 07:00 a las 08:00 horas un grupo de inconformes se apostó afuera de los juzgados ubicados sobre la Pedro Loyola, en Ensenada, junto a una lona impresa con las exigencias.
Pliego petitorio completo:
Actualización de sueldos al 100 por ciento por 13 años sin recibir ningún incremento.
Que se nos garantice la materialización de pensiones y jubilaciones dinámicas y pensiones de enfermedad o invalidez, o en su defecto, que se nos incorpore a fideicomisos, haberes de retiro, presupuestos, sistemas de seguridad social, o cualquier otra figura jurídica que conlleve la materialización y otorgamiento íntegro de tales derechos de seguridad social.
Que se nos garantice que en caso de un accidente de trabajo, enfermedad terminal o muerte, nuestros familiares puedan estar protegidos y gozar de los pagos de marcha, seguros de vida, como de una pensión de viudez y orfandad.
Que se respete nuestra antigüedad genérica con el Poder Judicial, como ante la respectiva instancia de seguridad social.
Que a todos se nos descuente adecuada y transparente nuestras cuotas, incluidos los correctos pagos de las aportaciones patronales.
Eliminar las incongruentes trabas que se imponen en las ejecuciones de laudos, como de los absurdos pagos de cantidades imposibles de cubrir, o cantidades millonarias que hacen imposible obtener la materialización del derecho humano de seguridad social integral.
Realizar un diagnóstico de las enfermedades comunes que surgen y se presentan en la función jurisdiccional, como los niveles de estrés general y laboral, ergonomía, depresión, ansiedad, entre otras.
Determinar medidas de protección al salario y diversas prestaciones.