TIJUANA.- La reciente propuesta de reforma constitucional que busca eliminar la posibilidad de analizar e impugnar reformas a la Constitución a través de mecanismos de control constitucional ha encendido alarmas en diversos sectores de la sociedad mexicana. “Con el argumento de establecer la supremacía constitucional, esta iniciativa presenta serias preocupaciones sobre su impacto en la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho en el país”, advierte el presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA) en Baja California, Leonardo Abarca Jiménez.

Uno de los puntos más críticos de esta propuesta es la amenaza que representa para los derechos humanos. Tradicionalmente, mecanismos como el amparo, controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad han permitido defender los derechos humanos de los ciudadanos o las facultades y atribuciones de instituciones públicas, municipios y entidades federativas, aún en casos que deriven de reformas constitucionales.

“Si esta reforma es aprobada, cualquier modificación a la Constitución, sin importar cuán regresiva sea, no podría ser impugnada legalmente. Esto privaría a la ciudadanía de un recurso fundamental para cuestionar normas que pueden afectar sus libertades, creando un vacío jurídico que podría facilitar abusos de poder”, afirmó.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como guardiana de la Constitución y los derechos humanos, desempeña un rol crucial en el sistema de justicia. Sin embargo, al limitar las facultades de la SCJN para revisar reformas constitucionales bajo la premisa de la “supremacía constitucional”, se estaría sentando un grave precedente, ya que esta reforma impediría que la Corte analice modificaciones que contravengan principios fundamentales, debilitando así la protección jurídica de los derechos humanos y dejando a la Constitución como una norma sin salvaguardias efectivas ante posibles abusos.

Además, la eliminación de los controles constitucionales podría perjudicar el sistema democrático de México. Sin herramientas jurídicas para impugnar reformas que carezcan de legitimidad o que vayan en contra del interés público, el riesgo de que actores políticos promuevan cambios arbitrarios y antidemocráticos aumenta significativamente. “Esto podría resultar en un desequilibrio de poderes, donde el poder legislativo o ejecutivo podría modificar la Constitución a su antojo, sin la posibilidad de ser revisados o limitados judicialmente, lo que amenaza la integridad del orden democrático”, expresó el especialista.

Enfatizó que es fundamental destacar que esta reforma también contraviene los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por México. Los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, imponen la obligación a los Estados de garantizar mecanismos efectivos para la defensa de los derechos humanos, incluso ante reformas constitucionales. Al despojar a los ciudadanos de los medios de control constitucional, México no solo abandonaría sus compromisos legales, sino que también quedaría expuesto a un posible deterioro de su reputación en la comunidad internacional.

Finalmente explicó que la propuesta de reforma hacia la supremacía constitucional encierra un riesgo latente que podría desmantelar el sistema de contrapesos y amenazar la protección de los derechos humanos en México. La falta de mecanismos de control constitucional dejaría a los ciudadanos sin recursos legales eficaces para impugnar decisiones que podrían resultar arbitrarias o perjudiciales.

“Es vital que el debate en torno a esta propuesta no solo considere su contenido técnico, sino que también evalúe el impacto potencial a largo plazo en la democracia y el Estado de derecho en el país. La historia reciente ha demostrado que los retrocesos en materia de derechos y libertades rara vez son revertidos; por lo tanto, salvaguardar el ejercicio pleno de la democracia debe ser una prioridad para todos los actores involucrados”, concluyó.