La gobernadora Marina del Pilar Avila sostuvo una reunión de trabajo con el ombudsperson bajacaliforniano, a fin de articular acciones conjuntas para continuar con la consolidación de los derechos humanos en la entidad
MEXICALI.- Para refrendar el compromiso de la administración estatal con promover e impulsar los derechos humanos en las políticas públicas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, sostuvo una reunión de trabajo con Jorge Álvaro Ochoa Garduño, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), con quien abordó aspectos torales para el presente y el futuro de los derechos humanos de la entidad.
La mandataria destacó el trabajo realizado en materia de derechos humanos, especialmente la reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado del Programa Estatal de Derechos Humanos de Baja California 2022-2027, en el que se articulan acciones interinstitucionales para salvaguardar la dignidad de todas las personas desde la función pública.
La titular del Poder Ejecutivo del Estado destacó el trabajo que se realiza desde la Secretaría General de Gobierno del Estado (SGG), que encabeza Alfredo Álvarez Cárdenas, para privilegiar la necesidad de gobernar con un enfoque derechohumanista en favor de todas y de todos, especialmente de grupos de atención prioritaria que fueron ignorados por décadas.
Por su parte, el ombudsperson de Baja California reconoció la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar para establecer pautas con perspectiva de derechos humanos en el diseño e implementación de políticas públicas, así como la apertura para atender pendientes históricos y estructurales en la materia.
En ese sentido, celebró el acercamiento de distintas áreas del Gobierno del Estado hacia el Organismo, tanto para el seguimiento a Quejas y Recomendaciones, como para la construcción de programas principalmente orientados a la atención de grupos que requieren atención prioritaria.
Además, reconoció la publicación del Programa Estatal y consideró que se trata de un instrumento que marca la pauta del trabajo conjunto entre el organismo y las autoridades para desarrollar condiciones en que ninguna persona vea violentados sus derechos, y se garantice un entorno de dignidad en el estado.
