TIJUANA.- Con el segundo informe de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, se espera el anuncio de la creación de la Procuraduría Ambiental Estatal.

Esta institución tendría en sus manos el cumplimiento de disposiciones jurídicas en materia ambiental y de la fauna en la entidad, una promesa de campaña de la ahora titular del Poder Ejecutivo Estatal.

Ante la disminución de la capacidad de vigilancia de algunas autoridades ambientales federales, se ve con optimismo la creación de esta Procuraduría. Además de asumir las responsabilidades del estado en estos temas, podría convenir las atribuciones con instituciones del Gobierno Federal.

Se pueden citar ejemplos como, la vida silvestre a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la inspección y regulación de las descargas de aguas residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), temas de pesca silvestre de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) o la regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

En opinión de José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental A.C. (CIGA) las capacidades de inspección y vigilancia del Gobierno Federal en Baja California han disminuido.

Actualmente, las oficinas de Profepa en los municipios de Ensenada y Tijuana, se encuentran cerradas.  En la entidad sólo hay oficinas en el municipio de Mexicali, para un territorio estatal bastante extenso.

“La Profepa tiene vida silvestre a su cargo, por ejemplo, a pesar de que autorizan las Unidades de Manejo de vida Silvestre del Gobierno Estatal, la inspección del Gobierno Federal realmente es inexistente; sus recursos humanos y materiales se han disminuido mucho y me parece que necesitamos una entidad estatal que, si tenga estas capacidades”, subrayó.

El ingeniero bioquímico, dijo que, esta nueva área estatal responsable de la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal, también podría fortalecer y articularse con las siete capacidades diferentes de inspección y vigilancia de competencia municipal.

Además, considero de relevante importancia para el funcionamiento que esta nueva dependencia estatal, tenga como titular a un funcionario íntegro.

“En los sistemas de procuración y cumplimiento ambiental hay situaciones que retan o tientan la honestidad del funcionario, entonces esperamos que sea un funcionario íntegro quien dirija la procuraduría, pero también que tenga capacidades técnicas en ese sentido y conozca sobre el derecho ambiental”.

Egresado del programa LEAD por el Colegio de México, José Carmelo Zavala, dijo que uno de los principales retos de la nueva procuraduría será el recurso presupuestal, por lo que tendrá que salir de este esquema de dependencia y hacer uso de opciones como el etiquetado de recursos que ingresan solo del sector ambiental.

“Por lo menos un programa de verificación vehicular podría generar 200 millones de pesos al gobierno estatal y que no le pase como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que recuperó su jerarquía estatal, pero no el presupuesto y trabaja con apenas 50 millones de pesos “expresó.

Un programa de verificación vehicular podría hacer posible el cumplimiento de las normas oficiales para el mejoramiento de la calidad del aire y así, por lo menos en ese tema, seríamos más empáticos con los esfuerzos que hacen los vecinos del sur de Estados Unidos.

El estado de California, aplica el programa de control de smog que cumplen sus ciudadanos desde hace varios años, a pesar de que el aire no tiene fronteras y que se mezclan los esfuerzos de su comunidad para mejorar la calidad del aire, con la contaminación que genera los miles de vehículos sin verificar en Tijuana.

Zavala Álvarez, dijo que Baja California va en el camino correcto en temas ambientales, pero la curva de aprendizaje va lenta. A dos años de administración estatal apenas se ven señales de resultados, entre ellos el vivero de plantas nativas para la comunidad Kumiai, o la esperada procuraduría ambiental.

“Diría que, con una Procuraduría Ambiental Estatal, avanzaría el cumplimiento de las regulaciones ambientales de la legislación de reglamentos y normas, avanzaría, pero para eso se necesita voluntad política”, puntualizó.