WASHINGTON, DC.-  La noche del martes, un juez federal de San Diego, emitió la una orden cautelar, la cual obliga al Gobierno de Estados Unidor a reunir con su familia a todos los niños separados de sus padres como consecuencia dela política de “tolerancia cero” con los indocumentados en la frontera.

Una decisión, solicitada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), supone un serie desafía para la Casa Blanca y la definitiva judicialización de la polémica que más daño ha hecho a la Administración de Donald Trump, hasta la fecho.

Dicha orden, obliga al gobierno a reunir a los niños con sus padres antes de 30 días, también se ven obligados a facilitar la comunicación telefónica entre ambos antes de 10 días y queda estrictamente prohibido mantener detenidos a los inmigrantes irregulares de forma que no puedan estar con sus hijos, en caso de no poder permanecer con su familiar será por excepción legal de si suponen un peligro para el menor. También prohíbe deportar a padres sin sus hijos.

La orden específica a niños mayores de cinco años. Entre otros testimonios, se asegura que a partir de edad es  donde la policía de fronteras aplicaba la “tolerancia cero” impuesta por la Casa Blanca y el fiscal general.

En un escrito de 24 páginas, el juez federal Daba Sabraw asegura que, “los actos presentados ante la Corte muestran una forma de gobernar reactiva, que da respuesta a una circunstancia caótica creada por el propio Gobierno”

Sabraw, afirma que el derecho de la integridad de la familia está protegido por la Constitución. El juez aseguró que el separar a las familias y aplicar la ley en la frontera son cosas distintas, y que garantizar el derecho de estas a estar juntas no afecta en absoluto a la capacidad el Gobierno para proteger las fronteras de Estados Unidos.

El mandatario estadunidense Donald Trump, revertió el pasado miércoles sobre el papel, y a partir del jueves sobre el terreno, su política de “tolerancia cero” por la cual pretendía separar a las familias que crucen juntas la frontera de manera irregular, incluso si piden asilo.

Según la propia Administración, la idea, tenía que servir como disuasión para reducir las cifras de inmigración irregular que han repuntado esta primavera, a pesar de estar en niveles históricamente bajos. La crisis de imagen, incluso entre los conservadores, obligó a rectificar al presidente y prometer que reunificaría a las familias. 

Cabe mencionar que la medida cautelar también impone un límite a esa promesa. Ya que el pasado sábado el Departamento de Servicios Sociales (HHS), informó de que había logrado reunir con sus padres a 522 menores, de los más de 2.300 que fueron separados entre mayo y mediados de junio.

Supuestamente la administración asegura que está en condiciones de reunir a todas las familias separadas, pero los abogados que representan a los inmigrantes y las organizaciones que se han movilizado en su defensa sospechas que en realidad el Gobierno no cuenta con la información suficiente para lograrlo.

Los niños están en el sistema de albergues mientras los padres están en el sistema penal. Algunos, ya ha sido deportados sin sus hijos.  Entre los pequeños, se encuentran los que no tienen edad suficiente para  saber los apellidos de sus padres o de dónde son. La decisión del juez obliga a resolverlo antes de 30 días.

La orden ejecutiva de Trump no elimina la necesidad de la medida cautelar, argumenta el juez. “No se puede discutir que el Gobierno no estaba preparado para la llegada masiva de niños separados. No había medidas para asegurar la comunicación entre las agencias gubernamentales responsables de detener a los padres y las responsables de alojar a los niños, ni para facilitar la comunicación entre padres e hijos. No había plan de reunificación, las familias llevan meses separadas”. El juez considera probado que también fueron separadas familias que entraron a pedir asilo legalmente a través de los puestos fronterizos, algo que el fiscal general, Jeff Sessions, prometió expresamente que no pasaría.

Además, el juez destaca que el compromiso del Gobierno es reunificar a las familias “en el momento de la deportación”. Es decir, que cuando vayan a ser deportadas serán enviadas a un centro de Texas (presumiblemente, el que se está acondicionando en Port Isabel), allí se les reunirá con sus hijos y serán deportados juntos. No cabe duda de que el Gobierno “no tiene ni planes ni procedimientos en marcha para reunir al padre con el hijo para nada más que para deportarlos juntos una vez que haya concluido el caso (judicial) de inmigración del padre”, no antes.