MEXICALI.- Alrededor del mundo, la ciberseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los distintos gobiernos, incluyendo el mexicano.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y medidas de protección implementados por diversas instituciones, la vulnerabilidad de los sistemas informáticos sigue siendo una realidad y una amenaza constante.

Hace no mucho tiempo, el caso del Guacamaya Leaks expuso la fragilidad y vulnerabilidad del Estado mexicano representado en instituciones como la Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y otros órganos del Gobierno de la República, al ser expuestos documentos clasificados que incluían información sobre operaciones, comunicaciones privadas y datos presupuestales.

“Esta situación refuerza la teoría de que el gobierno mexicano presenta un rezago tecnológico importante y se encuentra en una situación crítica y vulnerable ante los ataques informáticos”, consideró el Dr. Armando Reyna Ballesteros, coordinador de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Pese a los protocolos, medidas y tecnologías adquiridas para mitigar ataques y disminuir la vulnerabilidad, dicho episodio demostró que nadie está exento de ellos y de sus consecuencias: hackeos y filtraciones de servidores y bases de datos y, en este caso en particular, la exposición de documentos que describen operaciones, comunicaciones privadas, información presupuestal y otras evidencias que refuerzan la perspectiva de un Estado mexicano crítico, vulnerable y con rezago tecnológico.

En respuesta, ahora el gobierno mexicano argumenta que la adquisición y empleo de tecnologías de monitoreo remoto son necesarias para proteger la seguridad nacional y combatir al crimen organizado, entre otras actividades de inteligencia.

Sin embargo, “estas prácticas han sido objeto de críticas y observaciones por parte de la sociedad civil, que sospecha de un gobierno que vigila y espía tanto a sus opositores como a periodistas, activistas y a cualquier ciudadano con ideas contrarias a la administración, señalando motivaciones en el ámbito de lo político, lo ideológico y además violando libertades y derechos humanos enmarcados en la constitución”.

Teniendo en cuenta que la privacidad y los derechos humanos son fundamentales en una sociedad democrática y cualquier medida de seguridad que se implemente debe respetarlos, es importante encontrar un equilibrio entre las medidas de protección a la seguridad nacional y la capacidad del gobierno para garantizar los derechos individuales de los ciudadanos.

“En ese sentido, se debe priorizar la transparencia en el uso de tecnologías de monitoreo remoto, para que la sociedad pueda tener certeza de que se utilizan únicamente con fines legítimos y sin vulnerar los derechos humanos, ya que no podemos negar que la ciberseguridad es un tema crucial en la actualidad, especialmente para los gobiernos y para la vida cívica de todos los países; sólo de esta manera se podrá fortalecer la seguridad del Estado sin poner en riesgo la libertad y los derechos de la ciudadanía”, concluyó el especialista.