El presidente López Obrador reconoció que hasta el momento no hay pruebas contundentes sobre los sobornos que recibió el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna del crimen organizado
CIUDAD DE MÉXICO.- En un balance sobre el primer día del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las autoridades no han aportado pruebas contundentes sobre que el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón haya recibido sobornos para permitir el trasiego de drogas hacia ese país.
No obstante, comentó que este caso es una vergüenza y una tragicomedia ya que se está implicando a un alto funcionario del gobierno mexicano en un caso grave como implica la conspiración desde la administración pública para beneficiar a los cárteles de la droga.
“Por fin, después de esos tres años, se constituye el jurado para juzgarlo, y ayer inició el juicio, entonces, sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas. Y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de pruebas. Hasta ahora no ha habido pruebas, vamos a decir, así, fehacientes.
“Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de mil millones de dólares. Ayer, el que lo acusa, habla de que recibía un millón de dólares diarios y vamos a informar también qué dicen nuestros abogados, ya se está hablando de sus cómplices de García Luna”, expuso el mandatario federal.
Ayer, la Fiscalía federal de Estados Unidos acusó a García Luna de traicionar a México y a Estados Unidos al colaborar con el cartel de Sinaloa.
A la Fiscalía le respondió el abogado de García Luna con el argumento de que el Gobierno estadounidense no tiene pruebas “objetivas” contra el acusado.
Durante esta primera vista, García Luna lanzó en varias ocasiones besos a su esposa y a su hija, presentes en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este, en Manhattan.
El responsable de seguridad de México durante la era del presidente Felipe Calderón (2006-2012) está imputado por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína y conspiración para la importación de cocaína.