TOLUCA, ESTADOS DE MÉXICO.- Un tribunal federal en el Estado de México negó enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo con el que Mario Aburto, único sentenciado por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, buscaba revertir la condena que le fue impuesta por este crimen.

En el amparo, Aburto afirmó que fue torturado para confesar que cometió el crimen por el que fue condenado a 45 años de prisión y añadió que su familia también fue víctima de esta conducta.

Bajo este argumento, su defensa pidió ante el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en el Estado de México enviar el caso a la Corte para que ejerza su facultad de atracción.

Sin embargo, los magistrados indicaron que el asunto no reviste la importancia necesaria para llevarlo al Máximo Tribunal, por lo que confirmaron que el Colegiado será quien resuelva el amparo.

“Dígase al quejoso que este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer y resolver el amparo directo que se atiende, asimismo, que del estudio preliminar del asunto que se atiende, no se aprecia que se hayan impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, ni se realizó la interpretación directa de un precepto constitucional”, concluyó.

Los abogados que representan a Aburto son defensores públicos quienes al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han asegurado que tanto el sentenciado como su familia fueron torturados para que se declarara culpable del crimen y se mantuviera la versión del asesino solitario en el caso Colosio.

En su amparo, indicaron que también ha habido deficiencias, omisiones y violaciones al debido proceso durante la investigación del homicidio del excandidato presidencial, por lo que el caso debía ser revisado nuevamente.

Con la resolución del Colegiado, en los próximos meses se prevé que los magistrados dicten una sentencia de amparo en la que definan si revocan, modifican o confirman la condena de 45 años de prisión que fue impuesta a Aburto desde diciembre de 2005 por homicidio calificado con premeditación y alevosía y portación de arma de fuego sin licencia.

Actualmente, el sentenciado permanece en el Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato.