CIUDAD DE MÉXICO.- La política agroalimentaria que impulsa el Gobierno de México busca la autosuficiencia alimentaria, tiene una clara definición a favor de los más pobres y promueve un modelo productivo basado en la sustentabilidad y la salud de las personas, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.

La política para el campo es incluyente, es para todos los productores, pero la prioridad por supuesto está en los de pequeña y mediana escala: “Cuando hay restricción en los recursos presupuestarios, la prioridad está en quien más lo necesita”.

Para los productores de mayor escala, dijo, hay acciones estructurales como el impulso presidencial y la aprobación del Senado del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “lo cual vale más que cualquier apoyo”, agregó.

Asimismo, agregó, está vigente el subsidio a la tarifa eléctrica para el bombeo de agua para riego y se realiza una inversión pública para concretar dos presas que este gobierno recibió inconclusas, la Picachos y Santa María, que permitirá abrir 80 mil hectáreas al riego.

También, comentó, está la disponibilidad de crédito de la banca de desarrollo agrícola y la aplicación de 10 mil millones de pesos en la región de La Laguna para dotarla de agua, luego de extracciones excesivas de este recurso vital en la zona que propiciaron contaminación por arsénico y flúor.

El funcionario federal compartió con los legisladores los resultados del programa Producción para el Bienestar (PpB) al cierre del primer semestre de 2021.

Dijo que este programa prioritario del Gobierno de México, cuyos beneficiarios de apoyos directos son todos productores de pequeña y mediana escala, ha venido creciendo en recursos presupuestarios, al pasar de nueve mil millones de pesos en 2019 a 13 mil 500 millones en 2021, y en número de beneficiarios, al subir en ese periodo de 2.1 millones a una meta de 2.3 millones de productores y productoras (de la cual se ha atendido hasta ahora a 1.9 millones).

El subsecretario recordó que –además de apoyos directos destinados a generar liquidez para la producción de maíz, frijol, trigo, arroz, otros granos, amaranto, chía, café, caña de azúcar, cacao y miel de abeja— Producción para el Bienestar cuenta con dos estrategias.

Una es de Acompañamiento Técnico que impulsa la productividad por medio de prácticas sustentables, agroecológicas, y otra de Acceso al Financiamiento, la cual tiene por ahora una serie de proyectos pilotos que se desplegarán durante el segundo semestre del año a favor de productores de maíz, frijol, arroz, café, caña y leche, con un recurso financiero de mil millones de pesos, un fondo de garantía y el beneficio de tasas blandas.

“Para anteriores administraciones la pequeña unidad de producción tenía que desaparecer; hubo una política deliberada contra la agricultura campesina y la propiedad social de la tierra. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador considera, en cambio, que estas pequeñas unidades de producción tienen la capacidad de alimentar a México”, anotó.

El 93 por ciento de las unidades de producción rural son de pequeña y mediana escala, son predios de hasta 20 hectáreas, y a pesar de todo el abandono que sufrieron por parte de gobiernos anteriores, han mantenido su capacidad productiva: son responsables de 54 por ciento de la producción nacional de alimentos y de 85 por ciento del empleo pagado en el campo, además de ser los guardianes de la diversidad biológica del país, indicó.

Asimismo, refirió, estos productores de pequeña y mediana escala son quienes generan la mayor parte del café, del agave (base del tequila y el mezcal), la caña de azúcar, el maíz, el frijol, la piña, la fresa, y otros más cultivos en México, incluso del aguacate, estrella de las exportaciones agrícolas.

El subsecretario resaltó las bases de la política agroalimentaria: la autosuficiencia alimentaria, con el impulso de la producción, la productividad sustentable de alimentos básicos y la producción y uso de insumos domésticos; el enfoque en pequeños y medianos productores; los apoyos directos y sin intermediarios (en el pasado hubo cientos de programas para el campo, que se concentraron en los productores de gran escala, y muchos de esos programas con alto grado de corrupción e intermediarismo, sin ninguna incidencia en favor de la producción); la transición hacia sistemas agroecológicos, sin transgénicos ni glifosato (herbicida que, se prevé, México dejará de usar en enero de 2024), y un enfoque de derechos humanos, en particular de respeto y promoción de los derechos indígenas.