Tijuana

Respalda CCE acciones jurídicas contra expropiación del Club Campestre

La certidumbre y seguridad jurídica son indispensables para la atracción y permanencia de las inversiones


Para el CCE y sus miembros es prioridad garantizar el Estado de Derecho, señaló Francisco Rubio Rangel. Para el CCE y sus miembros es prioridad garantizar el Estado de Derecho, señaló Francisco Rubio Rangel.

25 de abril de 2021

POR: Hiptex

TIJUANA.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana externó su preocupación por las acciones del gobierno del Estado que buscan expropiar el Club Campestre de Tijuana, ya que vulneran el estado de derecho.
En palabras del presidente del organismo cúpula, Francisco Rubio Rangel, es vital que prevalezca el respeto por parte de los ciudadanos y, más aún, por sus gobernantes.
"Es vital para para el desarrollo de cualquier actividad humana y, particularmente, para la seguridad de las inversiones", indicó.
El CCE de Tijuana, recordó, agrupa a 17 organismos empresariales que representan a la gran mayoría de los empleos formales de la ciudad, mismos que han observado con gran preocupación las acciones del gobierno estatal, encaminadas a la posible afectación directa a la propiedad privada.
"En ese sentido, manifestamos nuestra enérgica oposición a cualquier acción ilegal que pretenda limitar, restringir, o en su caso, arrebatar de particulares los bienes que legalmente hubieren adquirido", señaló el dirigente.
Consideró que el dar certidumbre y seguridad, no solo en el respeto al marco de derecho, sino también en sus bienes es, sin duda, una condición necesaria para la generación de empresas y, como consecuencia, para la creación de empleos.
"Obrar en contrario, como pretende el ejecutivo estatal, envía una mensaje de desaliento e inseguridad al exterior, por demás negativo, y pone en riesgo no solamente futuras inversiones, sino las ya concretadas en esta frontera", enfatizó Rubio Rangel.
Finalmente, manifestó su apoyo a las acciones jurídicas que ha emprendido el Club Campestre de Tijuana para preservar el estado de derecho sobre la propiedad privada.


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