TIJUANA.- El Consulado General de Estados Unidos en Tijuana realizó un donativo de seis (6) escáneres para inspección de peatones para los Puertos de Entrada Terrestre El Chaparral, Tijuana Puerta Este, y Mexicali I, mismos que serán operados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El donativo tiene como fin fortalecer las capacidades de las dependencias del gobierno de México y de Estados Unidos en los puertos de entrada y aduanas.

Los escáneres operan con tecnología térmica pasiva y son utilizados en puertos de entrada peatonales para identificar objetos no permitidos y peligrosos, tales como drogas, armas, dinero en efectivo u otro tipo de contrabando, que individuos puedan llevar consigo en su ingreso a México. Una importante característica de estos dispositivos es que realizan dicha detección mientras los peatones se encuentran en movimiento, es decir, no representa mayor tiempo para transitar por las instalaciones, con ello fortaleciendo la seguridad en la frontera sin comprometer la eficiencia operativa.

El equipo en cesión es parte de un donativo integral para la frontera norte de México, que incluye también a Ciudad Juárez, Nogales, Nuevo Laredo, Tijuana y Mexicali, y se suma a donativos anteriores, entre los cuales se encuentra equipo de detección móvil, caninos, y otros equipos de detección para carga, que el gobierno de los Estados Unidos ha otorgado al SAT para mejorar la seguridad y el tráfico ilegal en la frontera compartida entre ambos países.

La cooperación que realiza la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL por sus siglas en inglés), a través de las sedes diplomáticas en México, es con el fin de apoyar los esfuerzos de México para fortalecer sus instituciones de seguridad y el estado de derecho, elevar la confianza en el sistema de justicia penal, mejorar la seguridad fronteriza, promover mayor respecto a los derechos humanos, y prevenir el crimen y la violencia.

El objetivo en común de los Estados Unidos y México es continuar elevando la capacidad de múltiples instituciones de seguridad y justicia, y de sus miembros a nivel federal, estatal y municipal, para mitigar y llevar ante la ley a los grupos transnacionales del crimen organizado, para mantener a los ciudadanos y comunidades seguras en ambos lados de la frontera.