La perspectiva negativa refleja varios riesgos, presiones fiscales, y los relacionados con la petrolera
CIUDAD DE MEXICO.- La empresa productiva del Estado, Pemex, sigue siendo vista como uno de los principales riesgos fiscales y que podría afectar la calidad crediticia del soberano de México, de acuerdo con la calificadora Standard and Poor’s.
En el marco de la presentación “Global Sovereigns Latin America Market Updates”, analistas de la región analizaron la situación actual de México.
“La perspectiva negativa refleja varios riesgos y presiones fiscales, incluidos los relacionados con Pemex y las limitaciones planteadas por una base baja de impuestos no petroleros”, apuntó Lisa Schineller, managing director sector lead de soberanos en América.
Añadió que la pandemia exacerbó la tendencia a la disminución del crecimiento del PIB real en medio del debilitamiento de la confianza del sector privado y la contracción de la inversión.
Indicó que actualmente la calificación está respaldada por un marco de política macroeconómica estable, una gestión proactiva de la deuda y una política monetaria confiable.
De cara al futuro, la especialista enfatizó que se requieren gestionar las compensaciones de políticas asociadas con la ejecución fiscal en medio de un crecimiento débil, además de reavivar la confianza del sector privado.
En el “Americas Sovereign Rating Trends Midyear 2020” Schineller advirtió que el perfil crediticio de Pemex se ha debilitado significativamente en los últimos cinco años, a la vez que el cambio en la política energética bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aumenta la dependencia de la petrolera para la producción e inversión petrolera en México.
“El pobre desempeño operativo y financiero de Pemex y las limitaciones de capacidad técnica podrían representar un pasivo contingente más importante para la solvencia soberana”, indicó.
En marzo del presente año, la calificadora recortó la calificación soberana de México a “BBB” desde “BBB+”, y mantuvo su perspectiva negativa, lo que implica la posibilidad de un nuevo recorte en los próximos 12 a 24 meses.