Manuel OCAÑO / HIPTEX

SAN DIEGO, CA.- Por lo menos dos precandidatas presidenciales exigieron a la Oficina del Inspector General (OIG), una división de asuntos internos del Departamento de Seguridad Interior, investigar una lista negra de 59 periodistas, abogados y activistas que integró Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Diego.

La OIG respondió a las precandidatas presidenciales Kamala Harris y Elizabeth Warren, además de a otros dos senadores, que ya integró un equipo de investigación criminal y que los resultados serán publicados.

Los legisladores demandaron una “investigación sobre la supuesta compilación de listas y la vigilancia gubernamental dirigida de periodistas, activistas y abogados en la frontera entre México y Estados Unido”.

Advirtieron a la OIG que la oficina de CBP San Diego podría incurrir en “posibles ataques a la Primera Enmienda –que garantiza el derecho a la libe expresión-- y posibles violaciones de la Ley federal de Privacidad de 1974”.

En respuesta, la inspectora general interina, Jennifer Costello, informó que “un equipo multidisciplinario de investigadores criminales, analistas de programas y abogados lleva a cabo una investigación de esta lista”.

El equipo también averigua “temas relacionados” a la lista o base de datos y la averiguación “culminará en un informe público final”.

La inspectora declaró que la investigación busca “determinar por qué se creó, para qué se utiliza y qué sucedió con las personas” incluidas en la lista o base de datos.

“También anticipamos la revisión de otras acusaciones específicas de ataques o acoso a abogados, periodistas y defensores, y evaluamos si las acciones de CBP se apegaron a la ley”.

La lista fue dada a conocer inicialmente en la primavera por la filial de la cadena NBC en San Diego.

Por las mismas fechas, algunas personas integradas en ese banco de datos se encontraron con que el gobierno de México les impedía entrar al país porque sus documentos tenían “una alerta”.

A Nora Phillips, la directora ejecutiva de la organización de asistencia legal a migrantes Al Otro Lado, le impidieron salir del aeropuerto de Guadalajara y la regresaron a Estados Unidos.

A la directora de litigios de la misma organización, Erika Pinheiro, le impidieron entrar a Tijuana por El Chaparral. A la abogada Nicole Ramos, del mismo grupo, le confiscaron su tarjeta para usar la línea Sentri.

El activista Hugo Castro informó que era sometido a largos interrogatorios cada vez que como estadunidense cruzaba la frontera.

Hubo por lo menos dos fotógrafos profesionales, una canadiense a quien se le impidió ingresar a México desde Guatemala, y un español a quien le impidieron el paso de San Ysidro a Tijuana por El Chaparral.

Elizabeth Warren dijo sentirse satisfecha de que la OIG averigüe “sobre la alarmante vigilancia de la CBP dirigida a periodistas, abogados y organizadores”.

Enfatizó que “el público estadounidense merece respuestas sobre cómo y por qué DHS obtuvo esta información y cómo los funcionarios de DHS y las agencias de aplicación de la ley la han utilizado”.

Algunos periodistas han mencionado a condición de anonimato que policías de enlace de Tijuana revisaban y tomaban fotografías con celulares a documentos de fotógrafos, camarógrafos y reporteros que cubrían momentos en que familias y grupos migrantes cruzaban sobe el muro para entregarse a la patrulla fronteriza en busca de asilo.

La patrulla en el sector llamó por igual a periodistas y activistas “instigadores”, es decir que desconoció el trabajo periodístico e identificó a reporteros como motivadores de los cruces migrantes.

De hecho el banco de datos de las 59 personas se llama “Operaciones Extranjeras Sector San Diego: Caravana Migrante año fiscal 2019, Sospechosos Organizadores, Coordinadores, Instigadores y Medios”.

Kamala Harris dijo por su parte que “los periodistas que informan sobre las condiciones en la frontera y los defensores que trabajan en nombre de inmigrantes vulnerables no deben ser tratados con sospecha simplemente por hacer su trabajo”

Advirtió que “cualquier persona que haya actuado de manera incorrecta debe rendir cuentas”.