En una segunda sesión extraordinaria y a puerta cerrada, los diputados votaron mayoritariamente por la reforma constitucional.
PLAYAS DE ROSARITO.- Con el voto mayoritario de los diputados, el Congreso de Baja California aprobó el decreto para ampliar, de dos a cinco años, el periodo de la próxima administración estatal que encabezará el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.
Una vez que la reforma constitucional para la ampliación del mandato, fuera aprobada por tres de los cinco ayuntamiento de la entidad, el Congreso del Estado votó su validación y dispuso que el Ejecutivo la publique en el Periódico Oficial.
En una segunda serian extraordinaria, celebrada esta tarde en la sala de Cabildo del palacio Municipal de Playas de Rosarito, 18 diputados presenten avalaron el decreto que 21 legisladores aprobaran el pasado 8 de junio del año en curso.
Previamente, y como anticipo a esta votación, los diputados locales aprobaron por mayoría rechazar el exhorto de la Comisión Política permanente del Congreso de la unión para dejar sin procedencia la llamada “Ley Bonilla”.
Como único punto de acuerdo, los diputados aprobaron el decreto con el voto en contra de los diputados panistas Miguel Osuna Millán Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa Anaya, quienes antes de concluir los trabajos abandonaron la sesión en señal de protesta.
Los diputados priistas Benjamín Gómez Macías y Bernardo Padilla Muñoz no asistieron a la sesión de esta tarde.
Con esta reforma, por única ocasión el periodo de la administración estatal será de cinco año, para el 2024 se elegirá gobernador para un periodo de seis años, tal como lo establece la Constitución.
El decreto aprobado, que ya fue impugnado por el ayuntamiento de Mexicali, no será publicado en el Periódico Oficial, según adelantó el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, facultad que pudiera asumir la actual legislatura, que concluya funciones el próximo 30 de julio, o, en su caso el próximo Congreso Local.
Igualmente se espera que partidos políticos, organismos empresariales, recurran a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sea ésta la instancia que finalmente determine si procede o no la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Baja California el pasado 8 de junio y avalada este martes por la tarde en sesión cerrada.
