Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- No llevar a cabo el refinanciamiento de 8 mil 227.5 millones de pesos por parte de la actual administración estatal representaría un costo financiero de más de 160 millones de pesos más penalizaciones multimillonarias, aseguró el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

En un comunicado tras la conferencia del lunes sobre el tema por parte del gobernador electo Jaime Bonilla y su próximo gabinete financiero, el Gobierno del Estado afirmó que las decisiones ejecutivas no obedecen a “caprichos políticos”, sino que son actos responsables de administración pública basados en la ley y con aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Las acciones que se llevan a cabo al cierre de la administración estatal cuentan con la justificación y respaldo técnico en función a información y cifras reales, no por ‘interpretaciones’ hechas desde una óptica limitada, sin antecedente o contexto previo”, agregó con referencia a la postura en contra del refinanciamiento realizada por Bonilla Valdez, quien acusó que la acción perseguía comisiones y beneficios propios por parte de integrantes de la administración saliente y era una estrategia para que sea él quien enfrente el costo político del incremento de impuestos y no pueda concretar compromisos de campaña.

A continuación el comunicado íntegro del Gobierno del Estado sobre el tema:

La administración estatal de Baja California, atendiendo a la Unidad de Política Presupuestaria de la SHCP, responsable del registro de los contratos de crédito, misma que ha manifestado el apoyo al Gobierno del Estado para llevar a cabo las gestiones expeditas para el registro del o los créditos resultantes del proceso competitivo del refinanciamiento, para su disposición antes del 31 de julio de 2019, por lo que hace las siguientes aclaraciones respecto de la información vertida por parte del gobernador electo Jaime Bonilla y su equipo de trabajo:

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios (LDF), en su artículo 22, indica que: …sólo podrán contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.

Por lo cual, la actual administración estatal realizó un análisis financiero responsable, y con la obligación de dejar las finanzas sanas para el gobierno entrante, ya que, el costo financiero de no llevarse a cabo el refinanciamiento, sería una pérdida de más de 160 millones de pesos más penalizaciones multimillonarias.

Los Beneficios del refinanciamiento:

De 2019 a 2027 implica una liberación de recursos por 1 mil 032 millones de pesos

Se liberará aproximadamente el 11.43 por ciento del Fondo General de Participaciones (FGP).

Se obtendrá una reducción en la sobretasa promedio ponderada que paga la deuda de largo plazo.

Se tendrá un buen nivel de aforo que permitirá cubrir posibles eventos de estrés.

Se estabiliza el peso de la deuda de las siguientes administraciones.

La GPO brindará una cobertura de 17 meses del servicio de la deuda en el supuesto que llegará a utilizarse.

Sistema de Alertas, la semaforización de los indicadores se mejoran y tienden a Sostenibles (semáforo en Verde).

En todo momento se ha manejado con Transparencia durante el proceso del refinanciamiento:

Publicado con fecha 12 de abril de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, Tomo CXXVI 12 de abril de 2019 No. 17 Sección I, se encuentran especificados los créditos que se someterán a refinanciamiento.

De igual manera, se han tenido reuniones con empresarios y representantes ciudadanos para exponer y explicar el procedimiento.

El pasado día 10 de junio, después de varias reuniones de análisis con representantes de los Consejos Coordinadores Empresariales del Estado, se llegó al acuerdo de refinanciar 8 mil 227.5 millones de pesos y establecer un nuevo límite a los gastos y costos relacionados a la contratación del financiamiento y obligaciones, pasando de 1.5 por ciento al 1.1 por ciento del monto contratado, aunque el Artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único establece que se puede contratar hasta el 2.5 por ciento. Dictamen del contrato de crédito.

Las acciones que se llevan a cabo al cierre de la administración estatal cuentan con la justificación y respaldo técnico en función a información y cifras reales, no por “interpretaciones” hechas desde una óptica limitada, sin antecedente o contexto previo.

Las decisiones ejecutivas no obedecen a caprichos políticos, son actos responsables de administración pública basados en la Ley y con aprobación de la SHCP.

El costo financiero es bajo, respecto a diferir estas decisiones por lo menos cinco meses más equivalente a una pérdida de más de 160 millones de pesos más penalizaciones multimillonarias, entre otros, todo por malas interpretaciones y decisiones de legisladores, representantes sociales y políticos. (lgs)