Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- El refinanciamiento de la deuda del Gobierno del Estado por 8 mil 433 millones que pretende realizar la actual administración estatal no sólo esconde intereses económicos que lo convierten en un negocio lucrativo para unos cuantos, sino que pretende aumentar impuestos para lacerar a la población, amarrarle las manos al próximo gobierno y que sea éste quien enfrente el costo político de esa decisión.

En lo anterior coincidieron el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez e integrantes de su próximo gabinete, entre ellos Amador Rodríguez Lozano, quien será el secretario general de Gobierno del Estado y está encargado de la transición con la actual administración que encabeza el gobernador Francisco Vega de Lamadrid; Adalberto González, próximo secretario de Finanzas y Mario Escobedo Carignan, quien será nombrado secretario de Desarrollo Económico.

Hicieron un llamado a los bancos para que no sean parte del refinanciamiento cuyo rechazo van a llevar a las máximas instancias como ya ocurre con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados para declarar inválido el procedimiento parlamentario con el que aprobó el refinanciamiento, mismo que fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adalberto González explicó que el refinanciamiento que aprobaron algunos legisladores del Congreso del Estado a solicitud de Vega de Lamadrid el pasado 28 de marzo por la noche, pretende incrementar impuestos a partir de 2020 para afectar programas del nuevo gobierno.

Los impuestos que implica la reestructuración de la deuda son: sobretasa al Impuesto Sobre la Nómina para que pase a 1.33 por ciento; impuesto nuevo a la Salud del 35 por ciento y el incremento del impuesto adicional a la educación del 35 al 45 por ciento.

No se saben cuáles créditos se pretende refinanciar y los costos de intereses a tasa del 1.1 por ciento son altísimos, de 97 millones de pesos, asentó.

Por su parte, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez consideró la reestructuración de la deuda como un financiamiento amañado que pretende amarrar las manos del próximo gobierno. “Un negocio de salida y bono de despedida para el gobierno saliente”.

No se conocen los contratos que manejan de manera poco transparente; no se sabe con quién negocian, presentaron la propuesta al Congreso con una mínima parte de diputados, a deshoras a la típica del gobierno saliente, expresó.

Es una acción de salida “de descontón” y se pide que no atropellen el derecho de los ciudadanos porque esto implica cancelación de proyectos, afirmó.

Está trazada de manera mañosa para ponernos un freno de mano e impedir cumplir con compromisos como: desayunos escolares, proyecto de carretera Ensenada-Guerrero Negro, pavimentación, entre otros.

Buscan truncar nuestro gobierno, no tenemos miedo a solucionar las finanzas del Estado, pero nos ponen yugo en el cuello con un financiamiento innecesario, caro, que no es transparente y a destiempo.

Amador Rodríguez Lozano, próximo secretario de Gobierno y encargado de la transición con la administración actual sostuvo que el refinanciamiento no garantiza ni liquidez ni mejor tasa, pero intenta complicar el arranque de la próxima administración y la inconformidad del gobierno entrante ya fue planteada a Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno en la administración de Vega de Lamadrid.

Mencionó que la parte política tiene un efecto fuerte sobre los bancos que son instituciones de crédito que ganan con intereses y buscan no se presenten a estas circunstancias el martes. (lgs)