PLAYAS DE ROSARITO.- La presidente municipal, Araceli Brown Figueredo acompañada de regidoras e integrantes de su gabinete, ofreció una rueda de prensa para informar los avances de la denuncia interpuesta hace dos años ante la Fiscalía General del Estado por violencia política contra las mujeres en razón de género, por parte de un sujeto de nombre Fernando "N"

“Estoy aquí como mujer, como hermana, como madre, como abuela, como mujer rosaritense, pero sobre todo, para darle visibilidad aquellas mujeres que al igual que yo hemos sido víctimas de violencia o algo similar. Yo fui objeto de burlas por parte de un sujeto de nombre  Fernando "N” en el 2021; es decir, hace dos años, en el mes de mayo, fui señalada de una serie de injurias, mentiras, difamaciones, calumnias, expresiones denigrantes y descalificativas hacia mi persona”, comentó Brown Figueredo.

La alcaldesa se refirió, sin mencionarlo plenamente, la resolución en contra de Fernando Serrano, candidato independiente en la elección a munícipes de Playa de Rosarito en el 2021, cuando Araceli Brown contendió y conquistó la alcaldía por un segundo periodo.

En plena campaña, Fernando Serrano hizo declaraciones sobre acusaciones u calificativos en contra de Araceli Brown que nunca pudo sustentar.

Agregó que al ser reincidentes las injurias hacia su persona, decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, por violencia política contra las mujeres en razón de género; para que esto no vuelva a sucederle, ni a ella, ni a otra mujer”, enfatizó la primera edil.

Reconoció a las autoridades correspondientes el trabajo de investigación realizado y reiteró que en los gobiernos de la transformación, se lucha día a día para abatir la violencia en contra de las mujeres y no hay cabida para los violentadores, porque la ley actúa, se aplica y se cumple.

Por su parte, el asesor externo de la presidente municipal, Héctor Huerta, comentó que la violencia política es difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar la imagen pública o limitar o anular sus derechos.

“Durante dos años, la autoridad correspondiente, es decir, la Fiscalía General del Estado, realizó su trabajo de investigación y después de esa labor, llegó a la determinación que si existe responsabilidad y fue turnado el juez de control. El pasado jueves 23 de noviembre, la fiscalía “judicializó” el caso por encontrar elementos suficientes y se hallaron pruebas para que el caso fuera presentado ante un juez penal.”, enfatizó