Se trata del ministro Fernando Franco Salas, también designado en el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Redacción/ HIPTEX

TIJUANA.- El ministro Fernando Franco Salas fue designado encargado de analizar y presentar un proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad en contra de la denominada “Ley Bonilla”, que atañe la ampliación de la gubernatura de dos a cinco años en Baja California en el periodo del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

Franco Salas, abogado de 68 años de edad y ministro de la Corte desde 2006, en 2015, fue el encargado de analizar y presentar el proyecto de la acción de inconstitucionalidad con la cual el partido Movimiento Ciudadano pretendió impugnar el tiempo de duración del mandato del veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ya concluyó su periodo de gobierno de dos años.

Las acciones de inconstitucionalidad sobre la “Ley Bonilla” comenzaron a ser presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el pasado viernes, al entrar en vigor la reforma constitucional del Estado de Baja California.

La conocida como “Ley Bonilla” se refiere a la reforma del artículo Octavo Transitorio de la Constitución de Baja California aprobada al final de la la pasada Legislatura con el que se amplía el mandato de Bonilla Valdez de dos a cinco años, luego de que se estipulara desde 2013 que ésta sería de dos años para empatar con las elecciones intermedias federales.

Tras la aprobación de la reforma por parte de Legislatura anterior, el actual Congreso del Estado declaró extraviada la iniciativa y la turnó al Ejecutivo hasta la semana pasada, tras la aplicación de una consulta ciudadana.

Vega de Lamadrid afirmó que la publicaría bajo protesta para que los interesados pudieran recurrir a acciones de inconstitucionalidad como la que promovería el Gobierno del Estado.

El pasado viernes 18 de octubre, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), presentaron los primeros recursos en contra un día después de que el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, publicó la ley y el Gobierno del Estado presentó la última. Ninguna ha sido admitida.