Por: Gerardo Avendaño (Primera de tres partes)

HERMOSILLO.- El peor desastre ambiental en la historia de la industria minera del país fue provocado, en 2014, por la empresa Grupo México en la cuenca del río Sonora. La devastación al ecosistema y las comunidades fue el pago que Germán Larrea Mota-Velasco, dueño de la compañía, les dio a los pobladores por arrebatarles sus recursos naturales.

El 6 de agosto de ese año, 40 millones de litros de solución de sulfato de cobre acidulado, procedentes de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea, se vertieron en los ríos Bacanuchi y Sonora.

La mina, considerada la cuarta productora de cobre más grande del mundo, vació en el caudal de río el equivalente a 12 albercas olímpicas de desechos tóxicos y metales pesados; en ese momento, el agua limpia que abastecía a las comunidades se tornó color naranja, como advertencia de lo nocivo que se volvería la vida a lo largo de su cauce.

El río contaminado recorrió unos 250 kilómetros, afectando a más de 22 mil personas de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Ures.

A casi cinco años de la tragedia, los pobladores de estas localidades no han vuelto a consumir agua de los pozos, sólo de garrafones, pues quien toma del río Sonora se enferma de cáncer y muere.

La tierra también se volvió infértil, pues ya no crece ningún cultivo de producción e, incluso, las plantas y los árboles silvestres dejaron de salir, en tanto que los pocos vegetales que nacen a la orilla del río están contaminados.

Estudios en la zona arrojaron presencia de plomo, cobre, arsénico, hierro, aluminio, manganeso y zinc, tanto en agua como en el suelo, por lo que algunas de las actividades a las que se dedica la gente en la región, como la agricultura y la ganadería, se extinguen poco a poco.

Durante un recorrido de Notimex por los siete municipios más afectados por el derrame, se constató la persistencia de los daños, mientras que las acciones de remediación prometidas por la minera, como plantas purificadoras y una clínica de especialidades, nunca se concretaron.

Indignación y añoranza en el río Sonora

Norberto Bustamante López, agricultor y ganadero del municipio de Huépac, relató que ninguna autoridad ni personal de la mina les informó de la fuga de materiales el miércoles 6 de agosto, sino hasta el domingo, en la misa del pueblo cuando el sacerdote les avisó.

“Nosotros no lo creímos, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, vino Semarnat, vinieron las dependencias de gobierno y dijeron que sí había pasado, pero que no era importante y no era tanto el daño que se había cometido.

“Pero empezamos a sentir miedo del agua porque todas las personas que cruzaron el río descalzos se llagaron, tuvieron alergias, manchas en la piel y hasta la fecha hay gente que sigue enferma de lo mismo”, señaló en entrevista con Notimex.

Expresó que a raíz del desastre ecológico, y por la exposición a metales pesados, se desencadenaron una serie de padecimientos mortales en la población, como cáncer y leucemia; asimismo, los animales sufrieron estragos, registrándose un número considerable de muertes en el ganado.

Por ello, el miedo y la incertidumbre asolaron a las personas de los siete municipios afectados durante los meses posteriores al incidente, no obstante, aquellas percepciones se convirtieron en indignación, cuando la compañía se acercó a las comunidades y prometió reparar el daño.

“Nos vino el miedo, la tristeza, el atropello. Nos sentimos tristes, nos cambiaron la vida completamente, luego nos ofrecieron ayuda, prometieron que nos iban a remediar el rio y formaron un fideicomiso que fue para engañarnos.

“Vinieron con esa miseria de dinero a comprarnos, nos daban 14 mil pesos por las vacas, 10 mil pesos por la hectárea de tierra y 15 mil pesos por la toma del agua. Nos empezaron a poner tinacos, ¿tinacos para qué?, ahí están tirados, nadie los usa, se los lleva el viento, los usan para bebederos de las vacas, es un engaño, sólo hicieron negocio con eso”, aseveró Bustamante López.

Comentó que la única medida de protección en la zona fue cerrar los pozos por alrededor de 70 días, luego, sin realizar ninguna acción de limpieza, los abrieron de nuevo. Mientras pasaban los meses, las consecuencias eran más evidentes y la calidad de vida en los pueblos se deterioraba.

“Jamás nunca nos atendieron, nunca nos dieron información, si le hicieron estudios al agua de los pozos sólo ellos saben, dijeron que estaba limpia, que estaba sana y que podíamos tomarla, pero nunca nos trajeron un estudio”, apuntó el agricultor.

Pero un estudio hecho por el laboratorio Intertek Testing Services de México (en octubre de 2014), a pedido de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), concluyó que de las muestras recolectadas en el cauce seco del arroyo Tinajas y río Bacanuchi, en nueve casos se rebasó el límite máximo permisible para arsénico, en un caso para vanadio y en otro para plomo.

En otro estudio realizado ese mismo año por la propia minera, se estimó una masa de 74.8 toneladas de metales aportados al ecosistema por el derrame, principalmente hierro y aluminio (83 por ciento), seguidos de manganeso y zinc (8.0 por ciento).

Las semanas posteriores al 6 de agosto de 2014 estuvieron marcadas por el desasosiego en las familias, las cuales no entendían con certeza lo que había ocurrido, únicamente sabían que a partir de ese momento no podían consumir el agua de los pozos.

De tal forma, el agua potable fue llevada a las casas en pipas durante tres meses, pero una vez que dejaron de ir, las personas no tuvieron más alternativa que abrir las llaves en sus hogares y usar aquella agua para bañarse, lavar la ropa y demás actividades, que en su composición química ahora contenía metales pesados, perjudiciales para la salud.

Daños en la piel, alergias, llagas, así como pérdida de cabello, dientes y uñas, fueron las principales evidencias de la contaminación que produjo el derrame en el río Sonora; pero el efecto más negativo se dio años después, cuando personas comenzaron a ser diagnosticadas con cáncer en diferentes partes del cuerpo.

La vida se marchita

Ante dichos trastornos, la repuesta de Grupo México fue prometer una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS), la cual haría estudios de presencia de metales pesados en la sangre y atendería a los enfermos que resultaran por la contaminación.

Pero hoy, dicha obra, ubicada en el municipio de Ures, permanece como un elefante blanco, símbolo de impunidad.

“Muchas veces pensamos en irnos del río Sonora, con toda la tristeza del mundo, porque somos nativos de aquí. Vino el fideicomiso Sonora y nos dijo que iba a perforar pozos fuera de las corrientes del río, a poner purificadoras, a hacer un hospital. Ya son casi cinco años y a la fecha no tenemos nada.

“Yo pienso que ahora es por la tristeza, por la incertidumbre y por el miedo, que aumentaron otras enfermedades, como la diabetes; pero, principalmente, es por la tristeza de que se nos fue nuestro río”, expresó Norberto Bustamante López.

Comentó que de forma individual, los habitantes de la cuenca del río Sonora quisieron realizarse estudios para conocer su condición de salud, pero no tuvieron éxito pues ninguna institución pública de salud en México (IMSS, ISSSTE o Seguro Popular) cubre dichos exámenes.

El ganadero y agricultor de Huépac aseguró que la salud no fue el único aspecto que tuvo un deterioro, ya que las actividades productivas también fueron impactadas.

“La siembra de maíz, de calabaza, de chile, ya no se da, se acabó eso, porque se bañó la tierra con agua del río. Aquí en Huépac no se da nada: siembras maíz, no se da el elote, nace la mata, pero no te da; la calabaza crece chiquita y al tiempecito se pudre, todo está afectado.

“Ahora ya solo se siembra follaje para pastura, pero ni eso se da como antes, ya no es costeable sembrar nada porque sólo se produce el 30 por ciento de lo que se daba antes”, describió.

Bustamante López externó su preocupación acerca de no atender la contaminación en el río, pues narró que antes del derrame, la vida se desarrollaba en torno a éste, la dinámica social era determinada por las aguas y, de no repararse los daños, la persistencia de las comunidades de la cuenca se desintegraría.

“El agua del río, eso es lo que añoro, porque mis hijos se criaron aquí bañándose en el río, era el deporte de ellos venir al río a bañarse, era la fiesta, un orgullo venir a darse un chapuzón. Mis nietos ya no pueden hacer eso, era una hermosura para nosotros”, expresó.

Cinco años sin agua

A cinco años del ecocidio provocado por Grupo México en el río Sonora, uno de los mayores impactos a las comunidades fue en la economía, ya que por la falta de agua potable las familias compran agua embotellada en garrafones para beber, en una región donde las temperaturas oscilan todo el año entre 20 y 50 grados centígrados.

En promedio, una familia compra entre tres y siete garrafones de agua a la semana, cuyo costo va de 15 hasta 30 pesos. Desde 2014, una familia de la cuenca ha gastado 27 mil pesos comprando el agua más barata, pero quienes prefieren una marca comercial han invertido hasta 54 mil pesos.

Sin embargo, los garrafones de menor costo provienen de purificadoras que se ubican en la misma región del río Sonora. Asimismo, la mayoría de las familias adquirió un purificador casero que supuestamente elimina compuestos tóxicos del agua, el cual cuesta 11 mil pesos y cuatro mil pesos el repuesto que se tiene que cambiar cada año.

Es decir, las familias afectadas por el derrame han gastado hasta 86 mil pesos en los últimos cinco años a causa de la contaminación en el agua. Donde el Fideicomiso Río Sonora, creado para generar obras de remediación, entregó 15 mil pesos en las casas para subsanar los gastos para agua embotellada.

María de la Luz Contreras Montaño, ama de casa del municipio de Huépac, comentó que el impactó a la economía familiar es demasiado, sin que tengan alternativa de suministro de agua, aunado a la inacción de las autoridades.

“Nos dio una gran tristeza, el cambio fue muy drástico y muy duro para todas las familias porque no estábamos acostumbrados a tomar agua purificada; tomábamos agua de la llave, de la manguera, y fue un cambio de gastos, nos afectó, nos sigue dando miedo”, declaró.

Compartió que además de la inversión en garrafones, todavía tienen que pagar el servicio de agua potable y alcantarillado a los ayuntamientos, el cual es de 80 pesos mensuales, por lo que, desde 2014, han pagado otros cuatro mil 800 pesos por el agua contaminada que llega a sus hogares.

“Yo no uso el agua purificada para todas las comidas, la hago con miedo, no sé qué tanto se le quitara lo malo con la hervida, no creo que sea tanto, pero si me pongo a hacer comida con agua purificada pues gasto más”, detalló Contreras Montaño.

También, explicó que anteriormente la alimentación de los poblados del Río Sonora estaba basada en vegetales que se cultivaban a la orilla del río, como berros, mostaza y verdolagas, pero después del derrame dejaron de comerlos

“Ahora tenemos que comprar verduras, compramos quelite blanco o acelga, pero ese nos cuesta más, de lo otro nada más era cuestión de ir a cortarlos al río y cocinarlos”, expresó.

Cada aspecto de la vida y el medio ambiente en la cuenca del Río Sonora fue perturbado por el que, sin duda, es el peor desastre ambiental en los años recientes. El territorio fue arrasado, sus campos fueron asolados y la vida de muchas personas se redujo a pedazos

Los pobladores de los siete municipios más afectados, de alguna manera perdieron su identidad, entonces apareció la indignación y la emplearon como bandera para que el historial de desastres provocados por Grupo México termine y se haga cumplir la justicia.

Habitantes al pie de lucha

En enero de 2015 se crearon los Comités de Cuenca del Río Sonora, sus integrantes comenzaron una lucha por los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, por lo que tomaron distancia de la actividad minera y señalaron a la compañía de Germán Larrea como profanadora de sus recursos y como causa de sus males.

La señora Evelia Lares Domínguez, perteneciente al comité de cuenca del municipio de Aconchi, comentó que adoptaron esa forma de organización como herramienta para defender la tierra que heredaron de sus antepasados y el lugar que será el legado de sus hijos.

“En los comités de cuenca aprendemos a defendernos nosotros solos y también a trabajar sobre lo que es el río para que no vuelvan a echar algo.

“Seguimos apoyando al comité porque en un tiempo no sé qué va a ser de nosotros, mis hijos están Hermosillo, pero nosotros vivimos del campo, si nos lo quitan, no sé cómo le vamos a hacer”, aseguró.

Por su parte, Ramón Miranda, integrante del comité de cuenca de Aconchi, aseguró que su lucha es completamente ciudadana, además de que nunca han apostado por el respaldo político, y aunque están conscientes que la minera es un consorcio poderoso en México, no tienen miedo de enfrentarla.

“Ellos le sacan a enfrentarse a nosotros, a los comités de cuenca porque hay mucha lucha aquí en el río Sonora, unos están por el lado político, pero nosotros creemos que eso no va a funcionar, nosotros ya hemos logrado mucho y vamos a lograr más”, afirmó.

En este sentido, la señora Armina Arvízu Moreno, integrante del comité de cuenca de la localidad de Sinoquipe, municipio de Arizpe, expresó que pugnarán hasta que la empresa se haga responsable por los daños provocados y cumpla con las promesas que les hizo hace cinco años.

“La principal urgencia es el agua, porque es vida; si no hay agua limpia, pues no tenemos vida y no tenemos salud, ahorita yo sufro mucho de asma bronquial y desde entonces se me cae el cabello, se me empezaron a caer los dientes, no puedo comer nada”, dijo.

Expuso que el derrame en el río Sonora les cambió la vida, pero seguirán trabajando para que, en la medida de lo posible, se recupere la tranquilidad en la región.

“Estamos asustados todo mundo, no vivimos en paz desde ese momento, tenemos que comprar agua, siendo que tan a gusto, antes íbamos y la agarrábamos de la llave”, señaló.

A pregunta expresa sobre qué manifestaría a los directivos de Grupo México si pudiera dialogar con ellos, Armina Arvízu externó “que por favor nos dejen como estábamos, que se responsabilicen de lo que hicieron, que me pongan mis dientes”.