Redacción/ HIPTEX

SAN DIEGO.- El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de otorgar seguridad a los migrantes que, de manera unilateral, Estados Unidos le envía a que esperen respuesta a sus peticiones de asilo en este país, específicamente a las fronteras de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

Una Corte de California, la Novena Corte de Apelaciones en San Francisco, determinó que la administración Trump puede continuar enviando centroamericanos a México y el gobierno mexicano debe velar por su seguridad, al cumplir con el derecho internacional.

Lo anterior, después de que a inicios de abril, un juez federal de San Francisco bloqueara la política del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan a que una corte escuche sus casos.

La orden del juez no entraría en vigor inmediatamente, para darles tiempo a las autoridades federales de presentar una apelación. Finalmente, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, bloqueó temporalmente el fallo que impedía al gobierno estadounidense, regresar a México a solicitantes de asilo mientras se resuelve su situación migratoria.

Hay registros inciertos sobre los centroamericanos enviados a México para esperar respuesta de asilo por parte de Estados Unidos.

Por un lado, se sabe que desde que este programa se implementó a finales de diciembre, alrededor de 3 mil 200 solicitantes de asilo han sido enviados a esperar sus citas de audiencias ante cortes y resultados de aplicaciones de asilo en Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez.

Sin embargo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Migración, desde el 29 de enero que inició la devolución de migrantes, se ha recibido a 4 mil 217 personas.

La corte federal de apelaciones formada por un panel de tres magistrados, estableció el fallo de la corte, que puede ser apelado, y ocurre en respuesta a una demanda interpuesta en febrero por diversas organizaciones civiles estadunidenses, en representación de 11 migrantes que acusaron abusos en México. Testificaron que fueron acosados y agredidos en territorio mexicano luego de solicitar asilo.

Una migrante lesbiana identificada como Blanca dijo a una corte federal a través de abogados que fue violada por sus preferencias sexuales, un migrante había sido secuestrado y uno más fue víctima de extorsión de unos policías.

Se trata de nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos y ahora esperan a que termine su proceso de asilo.

Así, la corte de apelaciones en California dictaminó que el gobierno mexicano es el responsable de la seguridad de migrantes centroamericanos que Estados Unidos envía a ciudades fronterizas mexicanas para aguardar resoluciones a peticiones de asilo.

Determinó por escrito que “la probabilidad de daño se reduce por el compromiso del gobierno mexicano de cumplir con sus obligaciones de ley internacional y de otorgar estatus humanitario y permisos de trabajo a las personas que regresan”.

El panel reiteró que ese proyecto piloto, denominado por la administración Trump como Protocolos de Protección a Migrantes, no contradice otras disposiciones de la política migratoria.

Las organizaciones que presentaron la demanda a nombre de los 11 migrantes pueden apelar y la corte en pleno, con 11 magistrados, revisaría el caso.

El proceso habitualmente dura unos tres meses, por lo menos, y mientras tanto, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) puede continuar con el programa, conocido también como “Permanecer en México”.