CDMX.- Que rectifique el memorándum que firmó para suspender la Reforma Educativa de 2013, es lo que pidió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que el organismo considera que se trata de un decreto fuera de la ley y que lesiona los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Tras dar a conocer postura, la CNDH recordó que la Constitución reconoce a la educación como un derecho fundamental, el cual no puede ser suspendido por ningún documento o decisión que esté fuera de las normas.

“La instrucción dada en el sentido de dejar del aplicar los contenidos constitucionales y realizar el manejo de diversos aspectos y cuestiones vinculadas a la educación mediante procedimientos y medios ajenos a los previstos por la Constitución (...) genera el riesgo de que se produzcan vulneraciones mayores a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señaló la CNDH.

En su postura, agregó que “nada debilita más al Estado de derecho y a las instituciones que el hecho de que se promueva y ordene desde las instancias de poder el que la ley se desconozca, se incumpla y se deje de aplicar. Los derechos humanos sólo pueden ser vigentes en un entorno de legalidad, donde se respeten las atribuciones y funciones constitucionalmente concedidas a autoridades y poderes”.

En ese sentido, la dependencia hizo un llamado al mandatario tabasqueño para que éste se apegue a la Constitución y rectifique los términos de su memorándum en favor de la infancia y el derecho a la educación.

Como se recordará, apenas el pasado 16 de abril, López Obrador firmó un documento para derogar “la mal llamada reforma educativa” impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues consideró que el marco jurídico educativo actual no asegura la calidad en las escuelas y debe ser modificado.Se violó la separación de poderes.

En lo que respecta al Consejo General de la Abogacía Mexicana, y tras declaraciones recogidas por El Universal, el organismo consideró que el memorándum firmado por el Ejecutivo para suspender la reforma educativa promulgada durante la administración pasada viola el principio de división de poderes que rige en el país.

El consejo señaló que es preocupante que el documento no está debidamente fundado y motivado, por lo que en sí mismo resulta contrario a la Constitución.

“El memorándum emitido por el Presidente viola el principio constitucional de la división de poderes, al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa, ya que con este documento el Presidente de la República invade atribuciones no sólo del Poder Legislativo sino del Constituyente Permanente al ‘arrogarse facultades extraordinarias para legislar’”, indicó el consejo al emitir su postura.

“México tiene complejos y profundos problemas sociales, pero ninguno justifica que para solucionarlo se violen los principios de nuestra Constitución”.

Lo anterior, salió a relucir, luego de que El Universal informara que  legisladores de la oposición advirtieron que cumplir con el memorándum emitido por el titular del Ejecutivo Federal podría costarle el cargo a los secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda.

Ante ello, el Consejo General de la Abogacía Mexicana coincidió en que al impedir la ejecución de una ley vigente y un mandato constitucional, los funcionarios a quienes está dirigido el memorándum también podrían ser responsables penalmente, al no cumplir con su deber como servidores públicos.

Señaló que la solicitud de López Obrador de dejar sin efecto la reforma educativa implica una “clara transgresión a la protesta que rindió como Presidente de ‘guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen’”, misma que además es obligatoria para todos los servidores públicos del país.

“El Poder Ejecutivo no puede abstraerse del ejercicio de una de sus principales atribuciones constitucionales, que es ‘promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión’. No hacerlo es un franco desacato a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 89 de la Constitución”, se lee en el documento firmado por el presidente del consejo, José Mario de la Garza.