Acredita IEEBC a PAZ y Somos en Consejo General; aprueba redistribución del financiamiento público a partidos políticos

MEXICALI.– El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), encabezado por su presidente, Luis Alberto Hernández Morales, celebró su 18.ª Sesión Extraordinaria, en la que aprobó diversos acuerdos relacionados con la acreditación de partidos políticos, el financiamiento público, las candidaturas independientes y la protección de los derechos político-electorales, entre otros asuntos.

En primer término, se aprobaron por unanimidad los acuerdos mediante los cuales se acredita a los partidos políticos nacionales PAZ y Somos ante el Consejo General del IEEBC, lo que les permitirá participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 en Baja California, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Al respecto, el consejero electoral Héctor Ricardo Haro Solorio, presidente de la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento, explicó que, para determinar la procedencia de ambas acreditaciones, se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California, entre ellos, la vigencia de su registro nacional, la existencia de un domicilio permanente en la entidad y la integración de su estructura directiva estatal.

Una vez aprobados los acuerdos, se entregaron las constancias correspondientes y se tomó protesta a las representaciones de ambos partidos políticos ante el Consejo General.

Posteriormente, se aprobó el acuerdo relativo a la redistribución de los montos del financiamiento público destinado al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes y específicas de los partidos políticos nacionales en Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Esta redistribución contempla la incorporación de PAZ y Somos al esquema de distribución de prerrogativas, así como el ajuste proporcional de los montos correspondientes a los partidos políticos nacionales con acreditación vigente, conforme a la legislación electoral aplicable.

Cabe destacar que esta modificación no implica un incremento al presupuesto total aprobado para el financiamiento público de los partidos políticos durante 2026, sino una redistribución de los recursos previamente autorizados.

En otro punto del orden del día, el Consejo General aprobó los topes máximos de gastos que podrán ejercer las personas aspirantes a candidaturas independientes durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. Al respecto, el consejero electoral Héctor Ricardo Haro Solorio informó que los límites se determinaron con base en el equivalente al 20 % de los topes de gastos de campaña de la elección inmediata anterior para cada cargo y demarcación electoral.

Los montos aprobados son de $5,219,387.99 para la Gubernatura; de $332,365.56 a $569,028.89 para las diputaciones, según el distrito electoral, y de $634,856.54 a $3,174,282.72 para los ayuntamientos, según el municipio.

Asimismo, se estableció que las personas aspirantes deberán cumplir con las obligaciones de reporte de ingresos y egresos ante las autoridades electorales, en los plazos y términos previstos por la normativa en materia de fiscalización.

De igual manera, se aprobaron los lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía requerido para las candidaturas independientes, en los que se establecen las reglas, los plazos y los procedimientos para recabar y verificar los respaldos previstos en la legislación.

De acuerdo con el calendario homologado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los periodos para recabar el apoyo de la ciudadanía iniciarían el 14 de diciembre de 2026 para las personas aspirantes a la Gubernatura; el 30 de diciembre de 2026 para quienes aspiren a integrar los ayuntamientos, y el 14 de enero de 2027 para las diputaciones. En los tres casos, la conclusión está prevista para el 12 de febrero de 2027.

Para este procedimiento, también se aprobó el uso de la aplicación móvil y el portal web desarrollados por el INE, así como la revisión de los registros mediante una Mesa de Control del IEEBC. Los lineamientos contemplan, además, la garantía de audiencia para las personas aspirantes, medidas para la protección de datos personales y la posibilidad de utilizar cédulas físicas en localidades donde la autoridad competente declare una situación de emergencia.

Por otra parte, el Consejo General aprobó la respuesta a la solicitud presentada por la ciudadana Ma. Teresita Díaz Estrada, relacionada con la prevención y atención de la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género en el ámbito político-electoral.

La consejera electoral Vera Juárez Figueroa, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, señaló que, en atención a este asunto, se aprobó la emisión del Protocolo para la Prevención y Atención de la Discriminación por Motivos de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género, cuyo objetivo es establecer mecanismos institucionales para prevenir y atender posibles actos de discriminación que afecten el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual y de género.

El protocolo contempla acciones de orientación, atención de primer contacto, canalización y seguimiento, así como medidas de capacitación, sensibilización y difusión, bajo los principios de igualdad, no discriminación, confidencialidad, trato digno y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, el consejero electoral Javier Bielma Sánchez, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, sometió a consideración del Consejo General la resolución del Procedimiento Sancionador Ordinario identificado con la clave de expediente IEEBC/UTCE/PSO/07/2025, relativo a la difusión del primer informe de labores de Claudia Josefina Agatón Muñiz, presidenta municipal de Ensenada, la cual fue aprobada por unanimidad.

En la resolución se determinó la inexistencia de la infracción de promoción personalizada atribuida a la funcionaria. Sin embargo, se declaró existente la infracción relacionada con la difusión del informe fuera de los límites temporales y territoriales establecidos en la normativa electoral. Por este motivo, se le atribuyó responsabilidad indirecta y se determinó dar vista a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Asimismo, el Consejo General determinó la responsabilidad directa de una ciudadana por la difusión del informe fuera de los límites legales e impuso una multa en los términos establecidos en la resolución.