El Dinero
Propone Canacintra modernizar la legislación económica de BC
El marco jurídico determina buena parte de las herramientas para promover inversiones, desarrollar proveedores, impulsar la innovación y coordinar esfuerzos del sector público con la I.P.
Se requieren instituciones capaces de anticipar los desafíos económicos e instrumentos jurídicos que respondan a las necesidades.
ENSENADA.– La competitividad de Baja California no puede seguir descansando únicamente en las ventajas que nos proporciona nuestra ubicación geográfica, vocación industrial o cercanía con el mercado estadounidense, afirmó la presidenta de la delegación Ensenada de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Lourdes Jiménez Valenzuela.
“Si aspiramos a conservar nuestra capacidad de atraer inversiones, fortalecer a las empresas y generar oportunidades de desarrollo, necesitamos algo más que condiciones favorables: requerimos instituciones capaces de anticipar los desafíos
económicos, instrumentos jurídicos que respondan a las necesidades productivas y políticas públicas cuyos resultados puedan medirse”, afirmó.
Esta reflexión, añadió, adquiere particular relevancia frente a los resultados del Índice de Competitividad Estatal 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el que el Estado descendió 6 posiciones, al pasar del lugar 11 al 17 nacional.
Mientras, otras entidades como Querétaro y Coahuila registraron avances, apuntó, Baja California enfrenta el desafío de revisar las condiciones que deben fortalecerse para mejorar su posición competitiva.
No sería técnicamente correcto atribuir este retroceso exclusivamente a las leyes, toda vez que la competitividad es resultado de múltiples factores económicos, institucionales, tecnológicos y sociales, aclaró Jiménez Valenzuela.
Sin embargo, precisó, no se puede ignorar que la calidad del marco jurídico determina buena parte de las herramientas disponibles para promover inversiones, desarrollar proveedores, impulsar la innovación y coordinar los esfuerzos del sector público con la iniciativa privada.
El problema por discutir no es solamente cómo atraer más inversiones, sino cómo lograr que el marco jurídico permita aprovecharlas mejor, fortalecer las capacidades de las empresas establecidas en el estado y traducir la actividad económica en beneficios duraderos para nuestras regiones.
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