Reitera XXV Legislatura propuesta para permitir a policías portar armas fuera de servicio

MEXICALI.- Ante los ataques y atentados contra elementos policiales en Baja California, algunos de los cuales han perdido la vida, la XXV Legislatura aprobó remitir al Congreso de la Unión una propuesta para permitir que integrantes de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia porten armas de fuego para su legítima defensa personal, incluso fuera de sus funciones oficiales.
El planteamiento, presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, contenido en el Dictamen No. 115 de la Comisión de Gobernación, contempla reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para establecer una licencia individual especial, sujeta a requisitos y controles específicos.
Durante el análisis de la iniciativa, el legislador sostuvo que el carácter profesional de la función policial no termina al concluir el horario de trabajo, por lo que consideró necesario ampliar las medidas de protección para quienes salvaguardan la seguridad, los bienes y la vida de la ciudadanía.
Como antecedente, el Congreso de Baja California había aprobado una reforma local sobre este tema; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la invalidó al determinar que legislar en esta materia es competencia federal. Ante esta resolución, la propuesta se presenta ahora ante el Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.
Sobre esa base se contempla reformar la citada Ley, a fin de establecer que integrantes de instituciones policiales y de procuración de justicia de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, puedan solicitar una licencia individual especial para portar un arma de fuego destinada a su legítima defensa personal fuera de sus funciones oficiales.
La iniciativa contempla una licencia especial sujeta a requisitos estrictos, como la capacitación continua en legítima defensa y manejo responsable de armas, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, y la verificación de antecedentes penales y disciplinarios.
Asimismo, prevé controles sobre el tipo de arma autorizada, su registro individual y la obligación de reportar incidentes relacionados con su uso, además de sanciones que pueden incluir la revocación de la licencia, el decomiso del arma y las responsabilidades penales correspondientes. La autorización tendría alcance nacional, con las restricciones territoriales que determine la autoridad competente.