Piden “Ley con Dientes” para garantizar derechos de personas neurodivergentes en BC

MEXICALI.- “No basta con escribir derechos en una ley; hay que hacerlos exigibles, por lo que la reforma al marco jurídico de Baja California en materia de autismo y neurodiversidad debe pasar del reconocimiento de derechos al establecimiento de obligaciones concretas, autoridades responsables y mecanismos efectivos de cumplimiento”, señaló Ismael Estrada Maldonado, fundador del Consejo por la Seguridad y el Bienestar Social de Tijuana A.C.
Durante el Foro de Parlamento Abierto “Nueva Ley de Autismo y Otras Neurodivergencias”, organizado por la diputada Daylín García, el activista social señaló que esta discusión representa una oportunidad para construir una legislación integral que determine con claridad quién debe garantizar los derechos, cómo debe hacerlo, en qué plazo y bajo qué mecanismos de seguimiento y evaluación, evitando que la inclusión quede únicamente como una declaración de principios.
Uno de los ejes centrales de su propuesta es la educación inclusiva, para que ningún niño, niña o adolescente sea rechazado, condicionado o excluido de una escuela por su condición neurodivergente.
Planteó garantizar ajustes razonables y apoyos educativos individualizados, incluyendo personal de acompañamiento cuando sea necesario, sin trasladar injustificadamente a las familias el costo de garantizar estos derechos.
Estrada Maldonado también propuso que los siete Ayuntamientos de Baja California, dentro de sus respectivas competencias, expidan o armonicen reglamentos y programas municipales de neurodiversidad. Estos deberán contemplar acciones en materia de atención ciudadana, seguridad pública, protección civil, desarrollo social, cultura, deporte y capacitación de servidores públicos, con objetivos, responsables, presupuesto e indicadores que permitan medir resultados.
El punto medular, subrayó, es que la nueva legislación tenga “dientes”, mediante rutas claras para presentar quejas, autoridades responsables, plazos de respuesta, medidas correctivas y mecanismos de seguimiento.
“Una ley no puede decir solamente lo que las autoridades deben hacer; tiene que establecer qué pasa cuando no lo hacen”, afirmó, al plantear también indicadores públicos, informes periódicos y evaluación institucional.
“La inclusión no puede depender de la buena voluntad de una persona, de una escuela o de una autoridad. Debe estar respaldada por la ley; y cuando un derecho está en la ley, debemos tener también las herramientas para hacerlo valer”, concluyó.